Según relató Marlaska ante la Cámara, de las aproximadamente 72.000 personas que habrían accedido al perímetro fronterizo ceutí a finales de julio, unas 70.000 habrían regresado ya a Marruecos, lo que dejaría un remanente de 2.000. Sin embargo, en su intervención inicial el ministro cifró en 5.000 los migrantes que aún permanecerían en la ciudad, y más tarde indicó que las raciones de comida que se están gestionando alcanzan a «más de 4.000 personas», en línea con las plazas de acogida que el Gobierno intenta habilitar. Tres cifras distintas —2.000, 4.000 y 5.000— en una misma comparecencia.
El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta maneja una estimación sensiblemente distinta: entre 8.000 y 11.000 personas continuarían en su territorio, más del doble del dato más alto ofrecido por el ministro. El diputado del Partido Popular Javier Celaya, natural de Ceuta, reprochó además a Marlaska que Cruz Roja estaría preparando alimentos para 9.300 adultos, cifra que no incluye a los menores. La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, resumió la sesión afirmando que «vaya lío de cifras tiene el Gobierno», mientras que el portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, calificó de «insoportable» el «baile de cifras» ofrecido por el Ejecutivo.
Otro de los puntos de fricción fue el papel de los servicios de inteligencia antes del suceso. La ministra de Defensa, Margarita Robles, había afirmado previamente que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de la posibilidad de que se produjera una entrada masiva como la finalmente ocurrida. Varios medios han apuntado además que el organismo elaboró informes en ese sentido y los trasladó a Interior en las semanas previas.
Marlaska negó ante los diputados haber responsabilizado a ningún servicio de información y atribuyó la polémica a «malinterpretaciones y falta de contexto». «Los servicios de Información del Estado siempre funcionan», sostuvo, aunque se ratificó en que, a su juicio, no existían indicios sólidos de que la entrada masiva se fuera a producir. «¿Si alguien lo hubiera visto, con el recuerdo de 2021, me quieren decir que no se hubiera elevado de la forma que todos podemos entender?», planteó. «Eso no quiere decir que ningún servicio de información no trabajara correctamente», añadió.
El precedente de 2021 y la sombra del asalto anterior
La referencia a 2021 remite a la crisis migratoria de mayo de ese año, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en apenas dos días tras una relajación de los controles fronterizos marroquíes, en el marco de una tensión diplomática entre Rabat y Madrid vinculada al ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio, gestionado también por Marlaska al frente de Interior, terminó con el regreso de la práctica totalidad de los migrantes tras el despliegue del Ejército y una intensa negociación bilateral con Marruecos. El recuerdo de aquella crisis planeó sobre la comparecencia como referencia obligada para medir la respuesta actual.
Los grupos parlamentarios censuraron de forma prácticamente unánime la gestión del Gobierno central ante la nueva crisis, con reproches que abarcaron tanto la falta de transparencia informativa como la lentitud en la respuesta institucional. Vázquez llegó a referirse al ministro como «el galgo de Ceuta», en alusión a que solo habría visitado la ciudad autónoma en una ocasión desde el estallido de la crisis, y denunció las «precarias condiciones» en que estarían trabajando los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados, con agentes «durmiendo hacinados en el suelo», en lo que atribuyó a «un Gobierno descontrolado, desbordado y enfrentado entre sí».
Gil Lázaro, por su parte, calificó de «pasividad» la respuesta del Ejecutivo ante lo que definió como una «agresión», y llegó a hablar de «connivencia» y de «acto de traición». El diputado de Vox afirmó que el día de la entrada masiva solo había 60 efectivos destinados a cubrir el servicio de frontera, a razón de cinco por turno en la valla, una cifra que, de confirmarse, apuntaría a un déficit de recursos en el momento crítico. Marlaska defendió que su departamento activó los dispositivos previstos y rechazó las acusaciones de inacción.
El marco de estas comparecencias está recogido en el Reglamento del Congreso, que permite a la Cámara exigir explicaciones al Gobierno mediante preguntas, interpelaciones y comparecencias como la celebrada. La Constitución, en su artículo 66, establece que las Cortes Generales controlan la acción del Ejecutivo, función que en este caso se ha traducido en un examen detallado de la gestión de la crisis. El Instituto Nacional de Estadística no publica cifras en tiempo real sobre movimientos migratorios irregulares en las ciudades autónomas, por lo que los datos manejados en el debate proceden de fuentes gubernamentales, autonómicas y de organizaciones humanitarias como Cruz Roja, sin que exista hasta la fecha una cifra oficial única y consolidada.
En los próximos días, el Congreso podría convocar nuevas comparecencias o solicitar documentación adicional para esclarecer tanto el número real de personas que permanecen en la ciudad como el papel exacto de los informes de inteligencia previos al suceso. Según fuentes parlamentarias, la Comisión de Interior de la Cámara Baja prevé retomar el asunto en las próximas semanas, en un contexto en el que la gestión de la crisis migratoria en Ceuta seguirá siendo objeto de escrutinio político.