La magistrada ha citado además a responsables del Gobierno ceutí y a miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron durante aquellos días, según las diligencias acordadas en el procedimiento. Entre la documentación solicitada figuran los avisos de inteligencia remitidos antes del 30 de julio y el detalle de las actuaciones desplegadas en la frontera en las horas previas a la llegada de personas. Tardón pretende comprobar si esas advertencias llegaron a los organismos responsables de adoptar medidas preventivas.
Los documentos incorporados a la causa, procedentes de los servicios de inteligencia, recogen comunicaciones previas sobre movimientos de personas en las inmediaciones de la frontera, anteriores a la entrada masiva del 30 de julio. Esos mismos informes apuntan a que las autoridades marroquíes conocían las convocatorias que circulaban para intentar el cruce, aunque el análisis del Centro Nacional de Inteligencia no atribuye expresamente a Marruecos la organización de la movilización.
La documentación tampoco esclarece el episodio paralelo de los buques militares marroquíes avistados en aguas próximas a Ceuta durante esos días, una cuestión que la instrucción trata como un asunto distinto al de la llegada de migrantes y que permanece sin aclarar en las piezas conocidas hasta ahora. La Audiencia Nacional es competente para investigar los delitos con implicaciones en la seguridad del Estado o con dimensión internacional.
La crisis reabrió el debate sobre la respuesta del Gobierno a episodios de presión migratoria en la frontera sur, un escenario con antecedentes: en mayo de 2021, más de 8.000 personas cruzaron a Ceuta a nado o a pie en apenas dos días, en un episodio que el Ejecutivo vinculó entonces a tensiones diplomáticas con Rabat. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en 2026 en el Congreso de los Diputados en un pleno dedicado específicamente a la crisis para informar sobre lo ocurrido.
Vallés cuestiona las versiones del Gobierno
La controversia sobre el papel de los servicios de inteligencia alcanzó también a la televisión, donde el presentador de los informativos de Antena 3 Vicente Vallés cuestionó en El Hormiguero las explicaciones ofrecidas por distintos miembros del Gobierno sobre la presencia de la fragata marroquí. Vallés sostuvo que se trataba de una cuestión de seguridad nacional que Sánchez debía haber comunicado durante su comparecencia parlamentaria, y reconoció que le resultaba más convincente la versión del ministro Félix Bolaños, que relacionó el episodio con la seguridad del Estado.
El periodista afirmó que el CNI habría remitido advertencias sobre la posibilidad de una entrada masiva antes de que esta se produjera, lo que contrastaría con los intentos iniciales del Ejecutivo de presentar al organismo como falto de previsión. A su juicio, la documentación conocida tras la crisis dejaba al Gobierno en una posición comprometida y respaldaba mejor la actuación de los servicios de inteligencia. Las responsabilidades concretas sobre la cadena de decisiones, no obstante, siguen sin determinarse en el procedimiento judicial.
La instrucción abierta en la Audiencia Nacional se suma a otras causas recientes que ponen a prueba la actividad de los tribunales españoles en materias muy distintas, como la reciente condena del Supremo a UGT a devolver 18 millones a la Junta de Andalucía por cursos de formación, que ilustra la complejidad y los plazos que pueden alcanzar los procedimientos de fiscalización pública antes de resolverse.
La jueza Tardón mantiene la causa en fase de instrucción mientras recaba la documentación militar y policial pendiente, sin que se hayan determinado responsabilidades individuales sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta durante aquellos dos días de julio.