El requerimiento afecta a las dos órdenes publicadas este mes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, que convocan las subvenciones de producción de largometrajes y cortometrajes para 2026. Según el comunicado del Ministerio, se trata del primer paso administrativo antes de acudir a los tribunales: si la Junta no modifica ni retira la cláusula cuestionada, Cultura abriría la vía judicial para impugnar las bases de las convocatorias.
El requisito introducido por la Junta exige a los proyectos audiovisuales que opten a las ayudas que no se destinen a «actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas». El Ministerio entiende que esa fórmula vulnera el marco de libertad de creación reconocido en la legislación cultural y en la Constitución, cuyo artículo 20 ampara la producción y creación artística.
«Indicios de afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad», señala el comunicado del Ministerio de Cultura sobre el nuevo requisito.
El requerimiento es la fórmula que prevé la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas para que una Administración inste a otra a modificar un acto que considera contrario a derecho antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. Cultura ha optado por este cauce como paso previo, lo que deja a la Junta margen para responder o rectificar antes de que el litigio llegue a los juzgados.
Primer paso ante los tribunales
El comunicado ministerial subraya que este movimiento constituye el primer paso para abrir «la vía de actuación ante los tribunales para impugnar las bases de dichas convocatorias», en caso de que el Gobierno autonómico mantenga el texto sin cambios. El marco de ayudas al audiovisual se rige en España por la Ley del Cine y por las convocatorias que cada comunidad autónoma articula dentro de sus competencias en materia cultural.
La polémica había trascendido ya el terreno normativo. El 22 de octubre, el diario El País informó de que el PP respaldaba en Castilla y León la introducción de la cláusula, impulsada con el apoyo de Vox, mientras que el alcalde de Valladolid, también del PP, rechazaba los cuestionamientos de esa formación al festival de cine Seminci, que se celebra en la ciudad.
El episodio reaviva el debate sobre los límites del poder político en la financiación del cine, un sector que depende en buena medida de las subvenciones públicas estatales y autonómicas. El caso llega semanas después de otras controversias culturales del momento, como la que rodea la recuperación de títulos clásicos en cartelera recogida en el regreso de 'Sentido y sensibilidad' a los cines.
Con el requerimiento presentado este viernes, el siguiente movimiento queda en manos de la Junta de Castilla y León, que debe decidir si retira o mantiene la cláusula sobre el «adoctrinamiento ideológico» antes de que el Ministerio lleve las bases ante los tribunales.