Junto a la estatua se colocaron también pegatinas anarquistas y mensajes como "eat the rich" (comer a los ricos). No es la primera vez que aparecen amenazas dirigidas a la presidenta en el entorno de la acampada: en varias farolas cercanas se habían pegado con anterioridad carteles con las cabezas de Díaz Ayuso y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ensartadas en picas, junto a una tercera figura, un buitre, alusiva a los propietarios de viviendas.
La estatua comparte plaza desde hace semanas con una acampada instalada en apoyo a una mujer identificada como Maricarmen, en una protesta por vivienda que ha derivado en denuncias cruzadas entre administraciones sobre quién debe desalojar el espacio.
El Ayuntamiento de Madrid ha denunciado "dejación de funciones" por parte de la Delegación del Gobierno en la capital, a la que responsabiliza de no haber ordenado el desalojo de la plaza. La Comunidad de Madrid ya había anunciado su intención de llevar el asunto a los tribunales, como recogía este medio al informar de que Ayuso denunciará al delegado del Gobierno por no desalojar Sol en 48 horas.
Fuentes del Gobierno regional madrileño sostienen que el Ministerio del Interior "se está lavando las manos" ante la situación en la plaza, donde funciona incluso un puesto de talleres sobre okupación de vivienda. La ausencia de un dispositivo policial reforzado ha sido uno de los puntos centrales de la controversia entre el Ejecutivo central y las administraciones madrileñas.
Isabel Díaz Ayuso ha calificado de "cuanto menos sectarias" y "profundamente ideológicas" algunas de las propuestas planteadas en materia de vivienda en el contexto de las protestas, entre ellas la posibilidad de expropiar inmuebles o de permitir que un inquilino permanezca en la vivienda ocupada al alcanzar una determinada edad.
La gestión del espacio público de Sol ha sido escenario de conflictos previos entre administraciones de distinto signo. El movimiento del 15-M ocupó la misma plaza en mayo de 2011 durante semanas, sin que las autoridades ordenaran su desalojo pese a las quejas de comerciantes y vecinos, en un episodio que marcó el debate sobre los límites del derecho de reunión en la vía pública.
Según ha trascendido, junto a la acampada se instaló también una carpa en la que se solicitaban donaciones dirigidas presuntamente a migrantes en Ceuta, con un cartel manuscrito que incluía un número de teléfono para aportaciones mediante Bizum bajo el lema "Aportaciones para migrantes en Ceuta: ¡Abajo las fronteras!". El destino final de esas aportaciones no ha sido esclarecido.
La disputa por la vivienda se suma a otros episodios de fricción entre la Comunidad de Madrid y distintas administraciones, en un contexto en el que el Ejecutivo regional ha adoptado decisiones como renunciar a cobrar casi 60 millones a empresas que gestionarán residencias públicas.
