La Administración autonómica excusa el pago con el argumento de que ya obliga a los concesionarios a reservar plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado, lo que —según ese razonamiento— limita de partida su capacidad de negocio. El modelo se inscribe en la fórmula de colaboración público-privada que la Comunidad aplica en el sector de la dependencia, en una región marcada por el déficit de suelo dotacional.
Los casi 60 millones son solo el arranque de un proceso mayor. La Comunidad prevé licitar otras 33 cesiones de parcelas para levantar residencias y centros de día adicionales, hasta alcanzar un total de 40 instalaciones bajo esta fórmula, según recogió El País el pasado agosto. Cada nueva concesión que renuncie a la tasa incrementaría el coste de oportunidad para las arcas públicas a lo largo de las próximas siete décadas.
Un portavoz del Gobierno regional defendió que la decisión se ajusta tanto a la legalidad vigente como a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin sostener que renunciar a la tasa sea una obligación normativa, sino una opción que la Comunidad ha decidido ejercer. El mismo portavoz cifró en cinco a uno la proporción entre lo que la región ganará y lo que dejará de ingresar.
«El beneficio que obtendrá Madrid por las plazas públicas que se abran será cinco veces superior al montante de los ingresos que no recibirá», sostuvo el portavoz del Gobierno autonómico.
Ese cálculo compara el valor de las plazas públicas generadas con el importe de la tasa condonada. La documentación contractual publicada en el portal de contratación recoge la renuncia a la tasa como condición de la concesión, pero no detalla la metodología del beneficio compensatorio ni las cifras que sustentan la proporción de cinco a uno.
El esquema de residencias público-privadas en parcelas cedidas por administraciones traslada a operadores privados el coste de construcción y explotación a cambio de condiciones favorables en el uso del suelo, con el que la Administración amplía su red asistencial sin asumir directamente la inversión. La renuncia a ingresos disponibles no es exclusiva de esta fórmula: el Ejecutivo central optó recientemente por renunciar a 1.260 millones de préstamos europeos del Plan de Recuperación.
La expansión prevista hasta las 40 instalaciones concentra la incógnita en cómo se calculará el balance entre ingresos renunciados y plazas públicas generadas en cada nueva licitación, un extremo que la documentación contractual disponible no despeja con cifras desglosadas por concesión.
