La promesa quedó registrada en el acta del Congreso: «Desbloquearemos de inmediato la Operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid, un 60% de las cuales serán viviendas públicas». La cifra no llegó ni al papel. El proyecto aprobado contempla 10.700 viviendas —7.000 protegidas y 3.700 libres—, el mismo reparto que el Consejo de Ministros había aprobado ya en enero de 2005.
Los terrenos de los antiguos cuarteles, en el distrito de Latina, acumulan más de 35 años de promesas. El primer acuerdo entre Defensa y la Comunidad de Madrid data de finales de los años ochenta y preveía 15.000 viviendas. En 2006, José Luis Rodríguez Zapatero presidió el inicio de los derribos y fijó un plazo máximo de cuatro años para entregar las casas. Tampoco se cumplió entonces.
Tras el anuncio de Sánchez en 2022, el Gobierno tardó 15 meses en formalizar la compra del suelo. El Consejo de Ministros autorizó el 3 de octubre de 2023 que SEPES, hoy integrada en Casa 47, adquiriera a Defensa 1,63 millones de metros cuadrados por 271,96 millones de euros. En junio de este año, Casa 47 aprobó otros 140 millones para la Junta de Compensación, de modo que entre el suelo, esa aportación y los contratos de demolición el gasto público documentado rebasa los 800 millones.
El 12 de enero de 2026, Sánchez regresó a Campamento para escenificar el arranque de la operación.
«Esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro; lo que venimos es a iniciar las obras», afirmó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el 12 de enero de 2026.
Lo que comenzó aquel día fue la demolición de los cuarteles, adjudicada a Construcciones Arribas Gozalo por 1.446.348,04 euros. En el mismo acto, el presidente aseguró que las viviendas serían «10.700 hogares que, además, serán públicos», pese a que el planeamiento mantiene 3.700 libres y 7.000 protegidas.
Dos días después, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, situó la entrega de las primeras viviendas a finales de 2027 o principios de 2028, con unos 30 meses de obra. Nueve meses después, las obras de edificación no han empezado siquiera. El Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el proyecto de urbanización el 2 de julio y Casa 47 licitó el 29 de julio las obras de las fases 1 y 2 por 94,8 millones sin IVA, un contrato que sigue sin adjudicarse; la edificación ni siquiera se ha licitado.
El horizonte de 2030 del Tribunal de Cuentas
El propio Gobierno maneja otro calendario: en la documentación remitida al Tribunal de Cuentas en septiembre de 2025 fijó el final de las obras a finales de 2030 y la ocupación de las viviendas un año después. En mayo de este año, Casa 47 reconoció, en respuesta a una solicitud de transparencia, que no existe un calendario oficial de la operación como documento único.
Casi dos tercios de las viviendas dependen, además, de una infraestructura sin proyecto de ejecución aprobado. La fase 3, con unas 6.700 viviendas, está ligada al soterramiento de la A-5 entre Padre Piquer y la avenida de la Aviación, cuyo anteproyecto se adjudicó en noviembre de 2024 y cuyas obras se prevén iniciar a finales de 2027.
El contraste entre administraciones ha derivado en reproches públicos. La ministra Isabel Rodríguez llegó a decir que le «encantaría intervenir con un 155» en Madrid, y su departamento acusó al Consistorio de retrasar la aprobación del proyecto. El 10 de septiembre, tras la aprobación de la Junta de Compensación, la vicealcaldesa Inma Sanz replicó que el Ministerio «tendrá que ponerse las pilas», porque la urbanización sigue sin arrancar.
Campamento ha servido también para engordar el recuento oficial de vivienda: en mayo de 2023 el Ministerio aseguró que las 10.500 viviendas previstas en suelos de Defensa en la capital irían en ubicaciones distintas a Campamento, pero en agosto de 2024 incluyó la operación entre las 16.780 viviendas «movilizadas» del plan de 20.000 del Gobierno, un episodio que se suma a otras controversias recientes sobre vivienda en Madrid, como la de los caseros de renta antigua que cobran 30 euros al mes.
