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La Comunidad de Madrid denunciará al delegado del Gobierno por no desalojar Sol en 48 horas

Martín pidió a Ayuso «respeto al derecho fundamental de reunión» de los acampados, el mismo que el TSJM le tumbó tres veces en Ferraz.

Por Redacción de El Hemiciclo·
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La Comunidad de Madrid anunció este martes que llevará a los tribunales al delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras rechazar este el ultimátum regional para desalojar la acampada de Sol en 48 horas. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, remitió el requerimiento; Martín respondió invocando el «derecho fundamental de reunión» de los acampados, el mismo que restringió en Ferraz frente a la sede del PSOE en 2023 y 2024.

La Delegación del Gobierno confirmó la recepción del requerimiento, pero descartó que la Policía Nacional entre en la plaza para desalojar las tiendas de campaña instaladas desde el sábado. Martín exigió al Ejecutivo regional «respeto al derecho fundamental de reunión» y se comprometió únicamente a velar por la seguridad ciudadana, además de pedir a Ayuso que contribuya a convalidar los decretos de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

La Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelares y emprenderá acciones judiciales contra Martín, sin descartar la vía penal. El eje del recurso será la contradicción entre lo que el delegado permite frente a la Real Casa de Correos, sede del despacho de Ayuso, y lo que impidió frente a la sede socialista de Ferraz.

El recorte de ese derecho de reunión empezó en noviembre de 2023, cuando arrancaron las concentraciones diarias contra Pedro Sánchez y la amnistía frente a la sede del PSOE. Bajo el mando de Martín, los antidisturbios cargaron contra los manifestantes y llegaron a emplear gases lacrimógenos, una actuación por la que un juzgado abrió una investigación sobre el delegado. Aquellas protestas se saldaron con 84 detenidos y 367 sanciones administrativas.

Meses después, el 16 de febrero de 2024, Martín firmó una resolución que desviaba una concentración comunicada frente a los números 70 a 74 de Ferraz, ante la propia sede del PSOE, alejándola más de 150 metros. Alegó que «en ningún caso los participantes en las concentraciones podrían invadir las calzadas de la calle Ferraz y del Marqués de Urquijo» por riesgos de seguridad.

El TSJM tumbó tres resoluciones del delegado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa decisión por vulnerar el derecho de reunión. Los magistrados recordaron que el lugar y el itinerario de una protesta son «elementos objetivos configuradores» de ese derecho, y que la Constitución solo permite restringirlo cuando existen razones fundadas de alteración del orden público. Concluyeron que la Delegación no las había acreditado y que el único informe policial aportado era un análisis genérico. La Fiscalía se puso del lado del manifestante.

«Cuya fecha y autoría no consta», señaló el tribunal sobre el único informe policial aportado por la Delegación.

No fue un caso aislado: en febrero de 2024 el TSJM ya había anulado otra resolución en la que el delegado declaraba la sede del PSOE «área de especial protección», y en noviembre de 2025 volvió a corregirle tras prohibir una manifestación que terminaba en Ferraz, a la que la Delegación señalaba como punto de mayor vulnerabilidad.

«Limitar el derecho de reunión exige razones fundadas, objetivas y proporcionadas», recordó el TSJM al delegado del Gobierno.

La misma vigilancia se trasladó a Moncloa. En la Marcha por la Dignidad del pasado 23 de mayo, la Delegación fijó el final del recorrido en el Arco de la Victoria, y cuando varias decenas de asistentes intentaron avanzar hacia el palacio, la Policía cargó y cortó el paso, con tres detenidos y siete agentes heridos leves.

En Sol, los acampados pasaban este martes su tercera noche con tiendas de campaña ocupando la plaza. El consejero de Presidencia denunció pintadas, basura y orines en la fachada de la Real Casa de Correos, Bien de Interés Cultural, y trasladó el temor de los comerciantes a pérdidas como las del 15M, que cifró en más de 90 millones de euros. El Ayuntamiento, a través de la vicealcaldesa Inma Sanz, envió su propio requerimiento al delegado, en la línea de lo que ya defendió Almeida al reivindicar su modelo de vivienda.

La acampada arrancó el sábado tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en apoyo al llamado «decreto Maricarmen», en referencia al caso de la inquilina de 87 años amenazada de desahucio tras siete décadas en el barrio del Retiro, sobre el que ya se pronunció su antiguo casero. Maricarmen volverá a su casa tras un acuerdo entre Urbagestión y la Empresa Municipal de la Vivienda, pero el sindicato ha avisado de que la movilización en Sol no terminará necesariamente con ese pacto.

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