La marcha avanzó por la avenida Teniente Flomesta y la Gran Vía al grito de «Vecina, escucha, el barrio está en lucha», «¿Qué pasa, qué pasa que no tenemos casa?» y «No toleramos ni un desahucio más». Al paso por el Ayuntamiento, en la plaza de la Glorieta, se corearon cánticos dirigidos a la alcaldesa Rebeca Pérez —«Rebeca, joder, rebaja el alquiler»— mientras los participantes hacían sonar sus llaveros como gesto de protesta.
La movilización se enmarca en una oleada de protestas por la vivienda que se suceden en distintos puntos del país, en paralelo a la acampada de Plaça Catalunya en Barcelona. El desahucio de Maricarmen, que ha copado el debate político de las últimas semanas, volvió a aparecer entre las proclamas murcianas.
Jorge Molina, uno de los portavoces del Sindicato de la Vivienda, atribuyó a la presión de las movilizaciones «un cambio de actitud» en las delegaciones del Gobierno e incluso en los fondos de inversión, al asegurar que se han paralizado desahucios «que no se hubieran conseguido de otra manera». Pese a ello, sostuvo que los resultados siguen siendo insuficientes.
«Tenemos que seguir presionando: ya sea con este Gobierno u otro, con elecciones o sin ellas, y conseguir contratos de alquiler indefinidos, bajar drásticamente el precio de los alquileres, parar todos los desahucios y recuperar las viviendas que están en manos de los fondos buitre y ponerlas al servicio de la clase trabajadora», Jorge Molina, portavoz del Sindicato de la Vivienda.
Paco Morote, portavoz de la PAH, denunció que la situación en la Región de Murcia «está peor que en el resto del Estado» por la combinación de los salarios más bajos del país con unos precios de alquiler y compra disparados, y acusó al Gobierno regional de no actuar. Entre los asistentes, María, de 27 años, calificó de «injusticia» que trabajar no garantice «una vivienda digna», y Jorge, otro manifestante, planteó la vivienda «como un derecho básico y fundamental» frente a su condición de «producto de mercado».
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se sumó a las críticas al advertir que «los jóvenes de la Región ven cómo los precios de la vivienda suben sin ningún tipo de control, al tiempo que hay familias que viven con miedo a ser desahuciadas».
«O se está al lado de la gente o se está al lado de los fondos buitres», Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia.
La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, vinculó la protesta con la anulación el pasado viernes de dos decretos en materia de vivienda y extendió la crítica al Gobierno regional, al que reprochó no haber actuado. La regulación del alquiler en España se asienta desde 2023 en la Ley de Vivienda, que permite a las comunidades declarar zonas tensionadas para limitar los precios, un mecanismo que Murcia, como otras autonomías gobernadas por el PP, no ha aplicado.
