El proyecto, encallado en el trámite parlamentario, ganó impulso en paralelo a la tramitación de los decretos de vivienda que concentran la atención de estas semanas. El acuerdo alcanzado en la ponencia no se limita a cuestiones técnicas: introduce una vertiente asistencial inédita hasta ahora en el texto, centrada en las llamadas adicciones sin sustancia vinculadas al uso de dispositivos y plataformas digitales.
La transaccional sanitaria modifica el artículo 11 del proyecto para obligar a las administraciones con competencias en Sanidad a revisar sus actuaciones de prevención de trastornos adictivos e incluir expresamente los casos derivados del uso de medios digitales. El desarrollo de los servicios y procedimientos recaería sobre las comunidades autónomas, que deberían integrarlos en sus respectivas redes sanitarias. El texto va más allá de las campañas de prevención y exige definir un marco de atención especializada para menores que desarrollen estas conductas.
Las administraciones sanitarias tendrían además que elaborar estudios sobre el uso de las tecnologías de la información por parte de menores y lanzar campañas dirigidas a familias, profesorado y alumnado sobre los riesgos de los dispositivos inalámbricos y los entornos digitales. La competencia en materia sanitaria corresponde a las comunidades autónomas desde los traspasos culminados en 2002, lo que sitúa en ellas la ejecución efectiva de esta nueva vertiente asistencial.
Intervención sobre quienes ejercen violencia digital
Otra de las novedades amplía los protocolos de actuación para incluir expresamente a los menores que ejercen o han ejercido violencia a través del entorno digital. La respuesta institucional, según el texto pactado, no se limitaría a proteger a las víctimas, sino que contemplaría también la intervención sobre los menores que hayan ejercido estas conductas, con un enfoque que los negociadores describen como integral.
La segunda transaccional, suscrita por Sumar, PNV, BNG, ERC y EH Bildu, afecta a los contenidos que las administraciones públicas deberán desarrollar para promover un uso saludable de los entornos digitales: hábitos saludables, educación emocional, buen trato, igualdad de género, participación democrática y acceso a la cultura. La novedad es que estos materiales deberán garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y producirse también en las lenguas cooficiales.
La misma enmienda añade una previsión dirigida a las familias: las administraciones deberían garantizar su derecho a que los menores no dependan de dispositivos digitales en aspectos esenciales de su desarrollo, como la educación, la salud física y mental, el ocio o las relaciones sociales. A ello se sumarían campañas de sensibilización ciudadana sobre los riesgos de contenidos que normalicen la violencia contra las mujeres.
El texto convive en la agenda parlamentaria con las discusiones sobre vivienda que han copado el foco informativo reciente, como los ajustes fiscales para inquilinos de zonas tensionadas recogidos en la pieza sobre el ahorro de 500 euros en el IRPF. La protección de menores en internet venía tramitándose con lentitud desde su presentación inicial, en un patrón habitual en proyectos con amplio reparto competencial entre Estado y comunidades.
Los grupos negociadores pretenden cerrar la tramitación del proyecto en las próximas semanas. Las transaccionales pactadas este martes quedan pendientes de su incorporación definitiva al informe de la ponencia antes de su paso por comisión.
