La deducción se aplica sobre las cantidades pagadas en concepto de alquiler. Hacienda, según un portavoz del ministerio, calcula un coste potencial de 820 millones de euros para las arcas públicas y estima que la medida beneficiará a alrededor de 1,6 millones de contribuyentes, lo que sitúa el ahorro medio en unos 512 euros por persona. El propio departamento subraya que ese cálculo está supeditado a cuántos territorios terminen declarados tensionados.
El beneficio fiscal no se aplicará de forma automática en todo el territorio: depende de que cada comunidad autónoma declare formalmente la zona de mercado residencial tensionado, una figura introducida por la Ley de Vivienda de 2023. Sin esa declaración autonómica, los arrendatarios no podrán acogerse a la deducción del 10%, de modo que el alcance real de la medida dependerá de decisiones que corresponden a los gobiernos regionales, no al Estado.
La deducción se suma a un paquete normativo más amplio que incorpora la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 y la protección frente a los desahucios hasta 2030. El conjunto se remitirá al Congreso, donde se prevé que reciba el aval de la Cámara este viernes.
La aprobación llega en un contexto de fricción entre el Gobierno y varias comunidades autónomas por el reparto de competencias en vivienda, un debate agudizado a medida que el precio del alquiler ha seguido subiendo en las grandes ciudades. El Banco de España ha situado el déficit de vivienda en España cerca del millón de unidades, un diagnóstico que el Ejecutivo invoca para justificar la batería de medidas fiscales y de protección al inquilino.
El decreto coincide con la polémica generada en Madrid por el caso de la llamada 'ley Maricarmen', que ha situado en el centro del debate la tensión entre propietarios y administraciones. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, reivindicó su modelo de vivienda tras el regreso de la inquilina a su domicilio, mientras el propietario del inmueble denunció la carga fiscal soportada durante años de alquiler protegido.
«La tuvimos años subvencionada y ahora, con los impuestos», lamentó el antiguo casero de Maricarmen sobre el coste que asumió como arrendador.
La medida fiscal se enmarca en ese pulso entre el fomento del alquiler asequible y las quejas de los propietarios por la presión fiscal y normativa. El texto deberá superar ahora el trámite parlamentario, previsto para este viernes, cuando se conocerá si el Congreso respalda en bloque el decreto o introduce modificaciones sobre el alcance territorial de la deducción.
