El origen del fallo, según la explicación preliminar de Microsoft, se remonta a una ampliación anterior de la capacidad de su red que afloró tras un cambio de configuración reciente: el proceso que gestiona las conexiones seguras se saturó, los servidores dejaron de responder y su carga se trasladó a los equipos que seguían operativos, que también cayeron. La compañía sitúa el inicio del incidente a las 11.05 horas del jueves y el cierre a las 17.10 del viernes, y lo describe como un problema técnico sin relación con ciberataques ni con inteligencia artificial.
No todos los servicios se vieron afectados por igual. Las llamadas, reuniones y chats de Teams siguieron funcionando en su mayoría, mientras que todo lo que depende de Exchange Online —calendario, programación de reuniones, gestión de contactos— quedó inoperativo. Outlook se llevó la peor parte tanto en su versión web como en las aplicaciones de escritorio: Downdetector llegó a registrar más de 130.000 avisos sobre el correo de Microsoft en la tarde del jueves, y la compañía amplió a 48 horas el plazo para devolver al remitente los mensajes retenidos antes de que se perdieran.
La norma de referencia para quienes teletrabajan de forma habitual es la Ley 10/2021, cuyo artículo 4.2 establece que estas personas «no podrán sufrir perjuicio alguno» en tiempo de trabajo o retribución por dificultades técnicas que no les sean imputables. El artículo 11 de la misma ley obliga además a la empresa a garantizar la atención necesaria ante esas dificultades. Esta protección, sin embargo, solo opera cuando el trabajo a distancia alcanza al menos el 30% de la jornada en un periodo de tres meses, de acuerdo con los umbrales que fija la propia norma.
Quien teletrabaja de forma ocasional, o quien se encontraba en la oficina sin acceso al correo, queda fuera de ese paraguas y debe remitirse al artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, que conserva el salario sin exigir recuperación posterior cuando el empleado no puede prestar servicio por causas imputables al empresario. Ahí surge el matiz: un fallo de un proveedor externo como Microsoft no es responsabilidad del trabajador, pero tampoco lo es, en sentido estricto, de la empresa que contrata el servicio.
El criterio del Supremo de 2023
Los tribunales han tendido a resolver esa zona gris a favor del empleado, al entender que las herramientas tecnológicas forman parte del riesgo que asume quien organiza el trabajo. El Tribunal Supremo aplicó ese criterio en septiembre de 2023 a los cortes de luz y de conexión sufridos por trabajadores de centros de atención telefónica, sentando una línea que los juzgados vienen replicando sin que constituya una regla cerrada para cada supuesto.
La protección no es incondicional: mientras dura la caída, el empleado sigue a disposición de la empresa, que puede asignarle otras tareas propias de su puesto, y dar la jornada por terminada por iniciativa propia no está amparado por esta doctrina. Los autónomos quedan fuera de este marco por completo; si un plazo se incumplió por el fallo, lo que rige es lo pactado contractualmente con cada cliente y la capacidad de acreditar la causa.
Frente al propio Microsoft, el margen de reclamación es estrecho. Sus planes profesionales incluyen un acuerdo de nivel de servicio con una disponibilidad mensual comprometida del 99,9%; cuando no se alcanza, la compensación consiste en un crédito sobre la factura que debe solicitar el administrador de la cuenta, y no cubre los ingresos dejados de percibir por el cliente afectado. El mismo Supremo ha venido perfilando en los últimos años los límites de la responsabilidad en el trabajo a distancia, en una línea que conecta con pronunciamientos recientes como el que limita a la falta de carné el derecho de repetición de las aseguradoras.
Microsoft ha prometido un informe preliminar sobre lo ocurrido en un plazo de dos días hábiles y uno definitivo en cinco.