El cambio alcanza a representaciones diplomáticas de Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, Cuba, Francia, Irlanda, México, Países Bajos, República Dominicana, Suecia, Suiza, Perú, Uruguay y Venezuela. Argentina concentra por sí sola el 20% del censo total de residentes ausentes, lo que convierte a esa embajada en una de las piezas con mayor peso electoral del sistema CERA, que suma 1,8 millones de electores potenciales.
La normativa general obliga al elector inscrito en el CERA a pagar la tarifa postal en la oficina de su país de residencia y a solicitar después el reintegro introduciendo el recibo en el sobre de votación, un trámite gratuito para el ciudadano pero que exige una gestión administrativa centralizada desde España para pagos de escasa cuantía. Para esquivar ese circuito, las 16 embajadas firmaron acuerdos directos con operadores postales que aplican el franqueo en destino, fórmula que traslada el coste del envío al punto de llegada y suprime el reembolso individual.
Según las fuentes citadas por The Objective, Correos no interviene en esta parte del proceso: la firma de los acuerdos corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a las embajadas, que son quienes pactan con los operadores postales. El ente público remite a la legalidad del tramo que sí gestiona y cita el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, que permite a los electores CERA depositar su voto en la urna de las oficinas consulares habilitadas o remitirlo por correo al consulado.
«Correos recoge en la propia oficina del Maeuec las bandejas colectoras conteniendo la documentación CERA, las cuales se encuentran debidamente cerradas y precintadas, y que son custodiadas hasta su entrega en ese mismo estado íntegro en las Juntas Electorales encargadas del escrutinio a las que van dirigidas», sostiene Correos.
Esa explicación se refiere únicamente al tramo final del circuito —de la valija diplomática y la oficina ministerial a las Juntas Electorales— y no aborda el punto que cuestiona la operativa: la sustitución del certificado por el franqueo ordinario en el origen del envío, cuando el votante deposita su papeleta en el país de residencia.
Lo que exige la Instrucción 1/2023
La Instrucción 1/2023 de la Junta Electoral Central es explícita: el envío del voto CERA a la oficina consular debe hacerse «personalmente por el elector mediante correo postal, que deberá ser certificado cuando sea posible». El Convenio de la Unión Postal Universal, tratado internacional que rige los servicios postales entre países, obliga además a todos los operadores designados a ofrecer el servicio de carta certificada como garantía mínima para este tipo de envíos.
El envío certificado no es un trámite burocrático añadido, sino el único mecanismo que produce un rastro verificable: el empleado postal escanea el sobre y entrega al remitente un recibo con fecha y hora de admisión. La LOREG exige que todo voto CERA se deposite, como máximo, cinco días antes de la jornada electoral en España. Si el registro muestra que la entrega se produjo después de ese límite, la Junta Electoral Central anula el voto de forma automática, antes del escrutinio.
El franqueo en destino borra esa trazabilidad. Las cartas se gestionan como correspondencia ordinaria, sin escaneo individual ni recibo para el remitente, y el personal consular recibe las sacas postales sin un listado que permita cotejar sobre a sobre si cada voto se depositó dentro de plazo. La garantía legal de exclusión de votos extemporáneos deja así de poder aplicarse de forma sistemática sobre el 70% del censo exterior.
El precedente del 23-J
El control material del voto por correo exterior ya concentró dudas en las generales del 23 de julio de 2023. Como relató la información Solo cuatro centros de los 1.536 disponibles custodiaron 200.000 votos por correo el 23-J, la custodia de un volumen muy superior al de la infraestructura dedicada puso en evidencia la concentración de responsabilidad logística. La operativa del franqueo en destino se inscribe en esa misma tensión entre el volumen creciente del censo exterior y la robustez de unos controles diseñados para un sistema de menor escala.
La integridad del voto por correo se ha convertido en objeto recurrente de disputa política. Los sindicatos han reclamado que el proceso no quede en entredicho, como recoge la pieza CCOO exige a Vox y PP que no cuestionen la limpieza de Correos en las elecciones, en un escenario donde la controversia reaparece con independencia de qué operador o institución gestione cada tramo del circuito.
El cambio de modelo coincide además con otros debates sobre el operador postal público, presidido por Pedro Saura: la discusión sobre el plan para que Correos sea banco hipotecario, apoyado en 800 millones ya adjudicados, y un absentismo laboral que se ha disparado al 9,6% con pérdidas de 250 millones de euros, según cifras publicadas sobre la compañía.
La cuestión de fondo que deja planteada el cambio en las 16 embajadas es si la supresión del certificado —y con ella del único registro capaz de acreditar la fecha de admisión de una papeleta— resulta compatible con una instrucción electoral que exige ese certificado «cuando sea posible» para una parte mayoritaria del censo de residentes ausentes.