Al contrato, correspondiente a un servicio de «tracción ferroviaria en el ámbito nacional», concurrieron otras dos empresas del sector además de Renfe Mercancías. La adjudicación se resolvió en marzo de 2022, pero las sospechas sobre el procedimiento tardaron más de un año en materializarse en una actuación del regulador de la competencia, que no inició sus primeras pesquisas hasta octubre de 2023.
Ese mes, los inspectores de la Dirección de Competencia de la CNMC registraron las sedes de Pecovasa y de Renfe Mercancías para recabar documentación relacionada con la licitación. Los indicios detectados en esa documentación llevaron al organismo a abrir, en julio de 2024, un expediente sancionador que las compañías investigadas habrían intentado frenar desde entonces mediante distintos recursos.
La singularidad del caso reside en la propia estructura de Pecovasa, una sociedad nacida como operador privado especializado en el transporte ferroviario de automóviles. Renfe adquirió el 55% de su capital en 2010 y fue ampliando su participación hasta controlar el 100% de las acciones, lo que convirtió a la compañía en una filial pública integrada en el perímetro del grupo ferroviario estatal.
Esa transformación societaria genera una situación poco habitual en el mercado del transporte de mercancías por tren: Pecovasa licita contratos en los que puede concurrir su propia matriz, Renfe Mercancías, compitiendo con empresas privadas del sector. El expediente de la CNMC cobra relevancia precisamente porque, en este tipo de concursos, las compañías privadas habrían presentado ofertas económicas más competitivas que la propia filial pública, un extremo que alimenta las sospechas sobre la adjudicación de 2022.
Dos directivos bajo la lupa
La investigación alcanza a los responsables que dirigían Pecovasa cuando se preparó y resolvió el contrato. Joaquín del Moral Salcedo fue nombrado presidente de la sociedad el 9 de febrero de 2021, mientras que Alfonso Rodríguez Gutiérrez asumió entonces la dirección general. Ambos ocupaban sus cargos cuando se publicó el concurso investigado, aproximadamente un año después de sus respectivos nombramientos.
Del Moral Salcedo fue destituido en abril de 2025, mientras que Rodríguez continúa al frente de la dirección general de la compañía más de tres años después de la adjudicación cuestionada.
El mecanismo que examina la CNMC es la Ley de Defensa de la Competencia, que faculta al organismo a sancionar prácticas colusorias o manipulaciones de licitaciones. Las inspecciones domiciliarias, como las practicadas en octubre de 2023, requieren autorización judicial cuando la empresa se opone, y el expediente sancionador puede derivar en multas de hasta el 10% del volumen de negocio de las compañías implicadas.
El expediente llega en un momento especialmente delicado para la filial de mercancías del grupo ferroviario público. Renfe Mercancías acumula pérdidas desde 2020 y atraviesa una situación financiera comprometida, con un posible agujero de 478,5 millones de euros para el conjunto del grupo en caso de que finalmente se acordara su disolución.
Para evitar ese escenario, Renfe ha recurrido a préstamos participativos con los que sostener a su filial, una fórmula de financiación intragrupo que posterga el reconocimiento de pérdidas sin resolver el problema estructural de la división. Además, la compañía debe realizar un test de deterioro de activos para determinar si sus bienes han perdido valor contable y si procede registrar nuevas pérdidas en sus cuentas.
El escrutinio sobre la contratación de entidades vinculadas al sector público se ha intensificado en los últimos años. En paralelo a este caso, el PP pidió explicaciones a la Diputación de Sevilla por un contrato ligado al 'caso Koldo', uno de los episodios que ha puesto el foco en los procedimientos de adjudicación de administraciones y empresas estatales.
La vigilancia de las licitaciones amañadas no es nueva para el regulador. La CNMC y su antecesora, la Comisión Nacional de la Competencia, han sancionado durante la última década cárteles en concursos públicos de obra civil, material ferroviario y servicios, imponiendo multas millonarias a empresas que repartían contratos o pactaban ofertas, un patrón que el organismo rastrea en los registros documentales de las licitaciones.
El expediente de Pecovasa se encuentra en fase de instrucción ante la Dirección de Competencia de la CNMC tras los recursos presentados por las sociedades investigadas para frenar las pesquisas. Ni Del Moral Salcedo ni Rodríguez figuran de momento como responsables sancionados en un procedimiento que arrancó con los registros de octubre de 2023.