El señalamiento llegó a la Cámara de Diputados luego de que integrantes del sector de hidrocarburos presentaran una denuncia contra Peláez Pérez y su equipo, a quienes acusan de sostener una red de protección y trato preferencial hacia proveedores vinculados con investigaciones penales por contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal, de acuerdo con el escrito difundido por la bancada panista.
Según los denunciantes, empresas como Mefra Fletes —relacionada con el buque Challenge Procyon, asegurado en Tamaulipas en 2025— mantendrían contratos activos con la petrolera estatal pese a que entre sus accionistas figuran personas señaladas en indagatorias federales, entre ellas Héctor Manuel Portales Ávila, detenido en septiembre del año pasado, y José René Tijerina Mendoza.
En la lista de proveedores cuestionados por el sector también aparecen Montimex, Servicios y Transportes del Norte, Chabelos, Autotanques de México, y las firmas cordobesas Transportes Bueno y ATM, estas últimas vinculadas por los denunciantes al aseguramiento de 29 pipas con combustible de presunto contrabando en territorio tamaulipeco.
Los transportistas inconformes señalaron que, aunque el artículo 86 de la Ley de Petróleos Mexicanos obliga a una evaluación de debida diligencia para detectar riesgos e irregularidades en los prestadores de servicios, la normativa vigente no prevé la rescisión automática de un contrato por el solo hecho de que un socio o representante enfrente una causa penal, vacío que a su juicio ha permitido que estas operaciones continúen sin interrupción.
Los afectados describieron ante los legisladores un esquema que incluiría "cobros de piso" de 5,000 pesos mensuales por autotanque, además de pagos extraordinarios de hasta 300,000 pesos para obtener acceso a las terminales de almacenamiento y comisiones adicionales. Quienes se niegan a cubrir esos montos enfrentarían retrasos deliberados en sus pagos, amenazas de suspensión y restricciones operativas, mientras que las empresas alineadas al esquema recibirían trato preferencial en la asignación de servicios, según el relato de los transportistas.
Döring criticó el funcionamiento de la gerencia encabezada por Peláez Pérez y responsabilizó a la estructura de mando por el perjuicio que atribuyen al sector del autotransporte de combustibles.
"Ahora resulta que la gerencia de transporte de Pemex, en vez de garantizar un buen servicio, de monitorear el transporte y traslado de combustibles para evitar el huachicoleo, se dedica a extorsionar y amenazar a los transportistas con que les tienen que hacer pagos ilegales extraordinarios y si no los hacen, los quieren intimidar desde las posiciones de poder. Por eso es que no avanzamos en este país", declaró Federico Döring, diputado federal del PAN.
El señalamiento se inscribe en el combate al robo de combustible que ha marcado la política energética reciente: en 2019, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el cierre de ductos para frenar el huachicoleo provocó un desabasto de gasolina en varios estados del centro del país. El fenómeno del llamado huachicol fiscal —contrabando de hidrocarburos importados sin pago de impuestos— ha derivado en casos recientes como el aseguramiento de 303,000 litros de presunto combustible ilegal en Montemorelos por parte de la FGR.
El legislador ofreció canalizar denuncias de manera confidencial a través de la bancada parlamentaria y convocó a quienes se sientan presionados a acudir con el grupo panista para recibir asesoría legal frente a las presuntas prácticas de extorsión.
"Desde el PAN exhortamos a los transportistas que no se dejen extorsionar ni amedrentar y que si quieren levantar la voz con todo anonimato nos pueden buscar para que les respaldemos desde la Cámara de Diputados", concluyó Federico Döring, diputado federal del PAN.