La jornada del miércoles tuvo, según la CEOE, una evolución desigual a lo largo del día: el consumo eléctrico llegó a caer un 10% durante la mañana, coincidiendo con la acción de piquetes en polígonos industriales, pero fue remontando hasta cerrar la jornada en un descenso de apenas el 2,5% respecto al día anterior. De esos datos la patronal dedujo un seguimiento inferior al 5% de media, al que calificó de «mínimo histórico» para una convocatoria de huelga general.
La comparación con 2012 permite estimar el seguimiento real. Aquella protesta contra Rajoy tradujo su caída del 15% en el consumo eléctrico en un paro efectivo del 7,6% de los ocupados, según los datos que las empresas trasladaron después a la Seguridad Social, organismo que durante las jornadas de huelga suspende la obligación de cotizar y permite así reconstruir el número de trabajadores que pararon. Con una caída de consumo tres veces menor esta semana, el seguimiento real del 11-N quedaría muy por debajo de ese 7,6%.
El cálculo resulta llamativo si se cruza ese seguimiento con los datos de afiliación sindical. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyos últimos datos disponibles corresponden a 2023, el 12,5% de los asalariados españoles estaba afiliado a un sindicato. Aplicado a los 22,8 millones de asalariados que contabiliza España, ese porcentaje arroja en torno a 2,8 millones de afiliados a los dos sindicatos convocantes.
Si se toma como referencia el seguimiento inferior al 5% que estima la CEOE, la huelga del 11-N habría movilizado a menos de 1,2 millones de trabajadores, por debajo de la cifra de afiliados que tendrían ambos sindicatos combinados. Según esta lectura, habrían secundado el paro menos trabajadores que militantes sindicales existen en el país, un dato que la patronal utilizó para cuestionar la representatividad de la convocatoria.
La protesta del miércoles llegó catorce años después de la última huelga general y ocho años después de que UGT y CCOO alzaran la voz de forma conjunta en una convocatoria de este calado. En ese periodo, ambos sindicatos no habían llamado a la huelga general pese a la devaluación salarial, la subida del precio de la vivienda y el deterioro de la renta disponible de los hogares que han denunciado en otros foros.
La convocatoria se produjo un día antes del inicio de la campaña electoral de cara a las generales del 29 de noviembre, bajo las banderas de los salarios y la vivienda, pero dirigida al programa económico de la oposición, en un formato que los propios sindicatos calificaron de «atípico» al tratarse de una huelga política y no contra una medida ya aprobada por el Gobierno en funciones.
Lecturas enfrentadas del seguimiento
Los sindicatos convocantes hablaron de «éxito», aunque reconocieron que el seguimiento fue desigual: mayor en la industria, la automoción, la logística, la energía y las instalaciones portuarias, y menor en las administraciones públicas, la sanidad y la educación. La CEOE, por su parte, fue tajante al calificar la jornada de «fracaso» con un impacto de «mínimo histórico».
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, fue más lejos en la Cadena Cope y cifró en el 92% los autónomos que trabajaron con normalidad durante la jornada, atribuyendo el cierre del 8% restante a la presión de los piquetes.
«El 92% de los autónomos estuvo trabajando con normalidad», mientras que el 8% restante no pudo hacerlo al verse «coaccionados, muchos de ellos por la cuadrilla de la silicona, y no pudieron abrir sus negocios o sus actividades», Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE.
Amor reclamó además un cambio en el marco de las protestas laborales, en una línea que conecta con las críticas que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dirigió a la patronal por, según el sindicalista, presionar a los trabajadores para que no secundaran el paro.
«En este país tenemos que recuperar la libertad para el que quiere hacer huelga, como la libertad para el que quiere trabajar y realizar su actividad económica sin que nadie le coaccione y le presione», Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE.
El aviso sindical a un eventual Gobierno del PP
La convocatoria del 11-N dejó también un mensaje político dirigido a la formación que aspira a gobernar tras las generales del 29 de noviembre. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió de que cualquier Ejecutivo que salga de las urnas tendrá que negociar con los sindicatos sus reivindicaciones salariales y de vivienda.
«Si llegan al Gobierno, se van a tener que entender con nosotros», Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en referencia al Partido Popular.
El líder de CCOO, Unai Sordo, puso en duda las propuestas económicas de los populares y advirtió de su impacto sobre los servicios públicos, en lo que ambos dirigentes plantearon como una continuidad de la presión iniciada con la huelga del miércoles, sea cual sea el resultado de las elecciones del 29 de noviembre.