Pablo Álvarez-Pire Santiago, especialista sénior de Asuntos Públicos de Cabify, compareció el martes de la semana pasada para exponer la posición de la empresa, que reivindicó la convivencia entre el taxi y las plataformas tecnológicas en lugar de su enfrentamiento.
«Numerosos profesionales del taxi barcelonés utilizan nuestra tecnología para conectar con nuevos usuarios y ampliar sus oportunidades de actividad. Esto demuestra que las plataformas tecnológicas y el taxi no tienen por qué ser realidades enfrentadas», sostuvo Pablo Álvarez-Pire Santiago, especialista sénior de Asuntos Públicos de Cabify.
El directivo señaló que la proposición de ley condiciona la concesión de autorizaciones urbanas VTC a que el taxi no pueda cubrir la demanda, lo que a su juicio sitúa a estas plataformas en una posición subsidiaria. También criticó las obligaciones de espera mínima y estacionamiento previstas en el texto.
«El texto contempla un tiempo mínimo de diez minutos entre la contratación y la prestación del servicio, además de obligaciones de estacionamiento cuando el vehículo no esté trabajando. Estas medidas pueden perjudicar la eficiencia del transporte, incrementar los desplazamientos innecesarios y reducir la disponibilidad de vehículos. La propia Comisión Europea ha advertido de los efectos negativos de las esperas obligatorias y de las exigencias de regreso a garaje», declaró Álvarez-Pire.
Álvarez-Pire invocó el pronunciamiento de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que a su juicio considera que el texto establece un marco altamente restrictivo capaz de expulsar a las VTC del mercado urbano. Citó asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2023 sobre las VTC en Barcelona, que fijó límites a las restricciones no justificadas ni proporcionadas, como precedente que podría obligar a revisar la ley una vez aprobada.
La patronal Unauto VTC, principal organización del sector, trasladó una posición alineada con la de Cabify ante la misma comisión. Su presidente ejecutivo nacional, José Manuel Berzal, cifró el coste de la norma en más de 326 millones de euros para Cataluña y en cerca de 6.000 los empleos amenazados, al advertir de que el texto eliminaría el 40% de la oferta disponible en vehículos de nueve plazas.
«Mientras Cataluña atraviesa una de las peores crisis de movilidad de su historia, la prioridad de este Parlament es eliminar el 40% de la oferta disponible en vehículos de nueve plazas. Es decir, en vez de solucionar el problema, este Govern lleva casi dos años centrado en una ley que solo va a empeorar la movilidad de los ciudadanos y dejar a miles de personas en el paro», recalcó José Manuel Berzal, presidente ejecutivo nacional de Unauto VTC.
Berzal cuestionó además el ritmo de las comparecencias: tras sesiones iniciales de tres a cinco participantes, el Parlament concentró ocho intervenciones el 27 de octubre y programó diez más para este martes, 10 de noviembre. La regulación de las VTC se inscribe en el mismo pulso sobre movilidad que atraviesa el resto del Estado, donde PSOE y Frente Amplio prometen invertir en el tren mientras PP y Vox piden auditar la red.
Berzal cerró su intervención con una crítica al procedimiento parlamentario: «Lo que debía ser un proceso de debate, escucha y búsqueda de consenso se está convirtiendo en una tramitación acelerada que cuestiona seriamente la calidad del debate parlamentario».
