El dato contrasta con el comportamiento del resto de Europa: en su conjunto, los países del continente han elevado sus compras de gas ruso un 6,5% en los diez primeros meses del año, muy lejos del salto español. Francia encabeza la lista con 5,43 millones de toneladas, seguida de España con 2,84 millones, un incremento del 39% según la misma fuente. Bélgica y Holanda completan el grupo de los mayores importadores europeos.
En España, las operaciones las protagonizan Repsol y Naturgy, que mantienen contratos de suministro con Rusia firmados antes de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Son precisamente esos acuerdos a largo plazo los que quedan afectados por el veto comunitario del 1 de enero, lo que explicaría en parte el adelanto de las entregas antes de que la prohibición se materialice.
La ONG alemana Urgewald ha cifrado en 8.700 millones de euros el gasto europeo en gas procedente del yacimiento ruso de Yamal LNG entre enero y octubre, una cantidad ya superior a la pagada durante todo el año 2025.
«A falta de 50 días para que entre en vigor la prohibición total de la UE a las importaciones de GNL ruso, la factura estimada ya ha superado los 7.200 millones de euros estimados para todo 2025 en aproximadamente un 21%», ha señalado la organización Urgewald en una nota.
Pese a las sanciones sucesivas, el peso de Europa en las exportaciones de gas ruso solo ha caído cinco puntos porcentuales en lo que va de año, hasta el 44%, y el continente se mantiene como principal comprador mundial, por delante de China. El veto de enero cierra la ventana que la normativa europea había mantenido abierta para los contratos de suministro a largo plazo, el instrumento que han utilizado las comercializadoras españolas.
Almacenes europeos en el 71%
El incremento de las compras no se ha traducido en el cumplimiento de los objetivos de almacenamiento que la Comisión Europea fijó para el continente. La normativa comunitaria exigía llegar al 90% de capacidad antes del 1 de noviembre, pero los depósitos europeos se sitúan en el 71%, la cifra más baja de los últimos años. Solo Polonia, Portugal y Suecia superan el umbral del 90%; España ronda el 80%.
El caso más complicado es Alemania, cuyos almacenes están por debajo del 58%, una cifra que ha llevado al Gobierno alemán a plantearse mantener en alerta a las centrales nucleares y de gas ante un eventual repunte de la demanda invernal. La escasez de reservas no es un asunto meramente logístico: un invierno más frío de lo previsto podría forzar recortes de suministro en varios países del bloque.
La dependencia energética europea se reconfiguró a partir de 2022, cuando el continente sustituyó buena parte del gas ruso por gasoducto por GNL procedente de Estados Unidos, Catar y, en menor medida, el propio gas ruso transportado por barco. Esa vía marítima, menos visible políticamente que infraestructuras como el extinto Nord Stream, ha permitido a Moscú conservar una cuota relevante en el continente pese al rechazo político a la guerra.
En España, la presión sobre el gas se ha intensificado también por el lado eléctrico: octubre fue el mes en que esta fuente se convirtió en la principal para la generación de electricidad en el país, lo que añade tensión a un mercado ya condicionado por el calendario del veto europeo y la carrera por completar los almacenes antes del invierno.
El pulso energético entre Bruselas y Moscú arranca con la invasión de Ucrania en febrero de 2022, el episodio que desencadenó el corte masivo de las exportaciones rusas por gasoducto y las rondas sucesivas de sanciones europeas sobre petróleo, carbón y gas conducido. El GNL ruso transportado por barco quedó como la última gran vía de ingresos energéticos de Moscú hacia el continente, mientras China absorbe una cuota creciente de las exportaciones totales rusas.
La paradoja de financiar indirectamente a Moscú mientras Europa destina fondos a la ayuda militar a Ucrania no es nueva en este conflicto: se repite en cada ronda de sanciones que respeta excepciones para contratos preexistentes, como ya ocurrió con los topes al precio del petróleo ruso pactados por el G7 y la UE en 2022, que mantuvieron flujos a través de intermediarios y de la llamada flota fantasma.
El veto que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 cierra definitivamente la vía de los contratos a largo plazo, el instrumento que ha permitido a comercializadoras como Repsol y Naturgy mantener el flujo de gas ruso hacia España. Un movimiento que se produce en paralelo a otros intentos de contener el papel de Moscú, como el pacto que Washington busca con Moscú y Pekín para que la IA no lance armas nucleares.
Hasta la fecha de entrada en vigor del veto, las comercializadoras europeas conservan margen para recibir entregas al amparo de esos contratos de suministro, los mismos que la factura de Yamal LNG elevó por encima de los 7.200 millones de euros registrados en todo 2025, según Urgewald.
