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El BOE contabiliza 823 altos cargos activos a 30 de mayo ante un posible relevo tras el 29N

El dato, fechado por el BOE el 31 de julio, no incluye asesores ni puestos en empresas públicas y contrasta con los 1.900 que el PSOE calculó en 2004.

Por Redacción de El Hemiciclo·
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El Boletín Oficial del Estado publicó el 31 de julio un informe que contabilizaba 823 altos cargos en activo a 30 de mayo de 2026, una referencia que cobra relevancia ante el eventual cambio de Gobierno que abrirían las elecciones generales del 29 de noviembre. La cifra no es un recuento de posibles salidas ni una previsión electoral: es una fotografía fija de la Administración cuyo alcance depende de las reglas distintas que rigen el nombramiento y el cese de cada tipo de puesto.

El perímetro de ese dato no se limita a los secretarios de Estado y directores generales de los ministerios. La Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo, incluye también a determinados máximos responsables del sector público y a miembros de autoridades reguladoras y supervisoras, cada uno con condiciones de nombramiento y cese específicas que no se activan de forma automática con un relevo en La Moncloa.

Cuando el foco se amplía a otros niveles de la Administración, los antecedentes apuntan a cifras muy superiores. En 2004, antes de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia, el PSOE calculó que más de 1.900 puestos podían cambiar de titular tras su victoria electoral, según publicó entonces el diario El País. Ese antecedente sirve para dimensionar el tamaño de una transición de Gobierno, pero no puede trasladarse de forma automática al proceso que se abriría tras el 29N ni equipara la pérdida de un cargo con la del empleo.

Existe además un indicador más acotado, referido a decisiones ya formalizadas: un trabajo publicado en el portal del Instituto Nacional de Administración Pública recoge 367 decretos de cese firmados durante la etapa de Mariano Rajoy y 332 durante la de Pedro Sánchez, un recuento que incluye a embajadores pero deja fuera a los ministros y no abarca ni a todos los asesores ni a los puestos de las empresas públicas.

El cese no llega completo la noche electoral

La Ley del Gobierno establece que el Ejecutivo cesa tras la celebración de elecciones generales, pero continúa en funciones hasta que toma posesión el siguiente. El resultado de las urnas abre ese proceso, pero no sustituye por sí mismo a toda la estructura administrativa del Estado. Los directores de gabinete, por su vinculación directa con el cargo político al que sirven, cesan de forma automática cuando lo hace su superior, aunque la norma prevé su continuidad durante el periodo de Gobierno en funciones.

En otros escalafones hacen falta decisiones posteriores y específicas. La continuidad o la sustitución de subsecretarios, directores generales o responsables de entidades públicas como Renfe y Adif se concreta mediante nombramientos, ceses o acuerdos del órgano competente, lo que permite que una renovación de Gobierno se reparta en el tiempo y que determinados responsables permanezcan en su puesto incluso tras un cambio de color político en Presidencia. El reparto de competencias entre entidades conecta con debates abiertos como el de la gestión ferroviaria, donde Cuerpo anunció un comité de expertos para un Libro Blanco del ferrocarril.

Esa diferencia de trato también separa a los asesores de confianza de los funcionarios de carrera. El personal eventual se nombra para tareas de confianza o asesoramiento especial y su nombramiento y cese son libres, según explica el Portal de Transparencia: deja el puesto en el momento en que cesa la autoridad a la que presta esas funciones. La libre designación de funcionarios es otra figura distinta: el funcionario puede perder ese destino concreto, pero el Estatuto Básico del Empleado Público prevé la asignación de otro puesto con las garantías correspondientes, de modo que el cese no equivale a una expulsión de la función pública.

Mandatos de la CNMC, RTVE y el Constitucional

Determinados organismos escapan a la lógica del relevo inmediato. Los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tienen un mandato de seis años y solo pueden cesar por las causas legales tasadas, sin que unas elecciones generales les afecten de forma directa. Algo similar ocurre con los consejeros de RTVE, de elección parlamentaria, y con los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato de nueve años y renovación por tercios no se reinicia con un cambio de Gobierno.

Tampoco todos los altos cargos proceden de fuera de la Administración. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, reserva las subsecretarías a funcionarios, una limitación que acota el margen de maniobra de cualquier Ejecutivo entrante, sea cual sea el resultado que arrojen las urnas el 29 de noviembre.

Fuentes

  1. Demócratademocrata.es

Material del que parte esta pieza. El texto es propio; los enlaces llevan al original.

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