Durante años, prestar las llaves del coche a un hijo recién aprobado el carné bastó para que las compañías invocasen el agravamiento del riesgo no comunicado y reclamasen a los tomadores del seguro la totalidad de lo abonado a terceros tras un accidente. Esa herramienta, el derecho de repetición, permitía recuperar hasta el último céntimo cuando el conductor que causaba el siniestro no estaba declarado en la póliza.
La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor obliga a las aseguradoras a indemnizar siempre a las víctimas de un siniestro, con independencia de quién conduzca el vehículo asegurado o de las condiciones pactadas. Esa protección es la que el Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio garantiza a cualquier tercero afectado, ya sea por daños materiales o por gastos médicos derivados del accidente.
El problema legal no surge en el pago a la víctima, sino después: es entonces cuando la aseguradora puede dirigirse contra el tomador para recuperar lo desembolsado. El Supremo acotó esa facultad y la circunscribió a los supuestos en que el conductor carecía de permiso de conducir, dejando fuera los casos en que el único defecto es no haber declarado a un conductor habitual menor de 25 años.
Esa jurisprudencia protege a las familias frente a la reclamación íntegra, pero no las blinda frente a otra vía con efectos económicos similares. Cuando el contrato califica la edad del conductor como cláusula delimitadora del riesgo —y no como simple declaración de circunstancias—, la aseguradora puede reducir el porcentaje de cobertura o negarse a reparar los daños del propio vehículo, incluso aunque ya haya indemnizado a terceros conforme a la ley.
Efecto sobre las lesiones del conductor novel
La aplicación de esta regla no se limita a los daños materiales del coche. Si el hijo menor de 25 años resulta herido en un accidente del que es responsable y no figuraba en la póliza, la aseguradora puede aplicar la misma proporción a la indemnización por sus propias lesiones: prótesis, rehabilitación o incapacidad quedan sujetas al cálculo entre la prima pagada y la que hubiera correspondido por el riesgo real de un conductor novel.
El mecanismo consiste en comparar lo que los padres abonaban por la póliza frente a lo que deberían haber pagado de haber declarado al joven. Si esa diferencia equivale, por ejemplo, al 50%, la aseguradora solo cubrirá la mitad de los gastos médicos o de la indemnización por incapacidad, dejando el resto a cargo de la familia.
Este tipo de cláusulas convive con otras controversias que los tribunales españoles han ido resolviendo en materia de seguros y fiscalidad, como la reciente decisión en la que el Supremo avala las autoliquidaciones rectificativas y rechaza el recurso de la Aedaf, en un ámbito distinto pero que ilustra la intensidad con la que el alto tribunal viene delimitando los márgenes de actuación de administraciones y compañías frente al consumidor.
La jurisprudencia que limita el derecho de repetición a la ausencia de carné constituye, hasta la fecha, el principal freno judicial frente a las reclamaciones más agresivas de las aseguradoras, mientras la pervivencia de la regla proporcional mantiene abierta la posibilidad de que las familias se enfrenten a facturas parciales por accidentes de conductores noveles no declarados en sus pólizas.
