El fallo mantiene en firme la pena máxima que los tribunales tailandeses ya habían confirmado en primera instancia y en apelación por el descuartizamiento del médico colombiano, cuyos restos aparecieron repartidos por distintos puntos de la isla. Con este recurso, la defensa agotaba una de las últimas vías judiciales ordinarias del sistema penal tailandés, que en este caso no contempló la pena de muerte al descartarse la premeditación durante el juicio.
El proceso se ha desarrollado bajo un ordenamiento que difiere sustancialmente del español. El sistema tailandés permite condenas de cadena perpetua sin revisión periódica automática, y los recursos ante las instancias superiores se limitan a cuestiones de derecho, no a una nueva valoración de los hechos probados en fases anteriores. Esa limitación acota el margen de la defensa, que discrepó de la versión de la fiscalía sobre la premeditación.
El cadáver descuartizado de Edwin Arrieta fue localizado en agosto de 2023 en distintos puntos de Koh Phangan, en el sur de Tailandia, destino turístico habitual para viajeros europeos. La investigación policial reconstruyó los hechos a partir de cámaras de seguridad, testimonios y pruebas periciales que situaron a Sancho como autor material del crimen, extremo que él mismo llegó a reconocer parcialmente durante el proceso.
Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha reaparecido en las últimas semanas desde prisión para pronunciarse sobre asuntos ajenos al proceso penal que lo mantiene recluido. En una intervención, defendió públicamente a su padre frente a acusaciones de maltrato hacia su madre y se declaró dispuesto a declarar.
«Él jamás maltrató a mi madre. Yo voy a donde sea a declarar», afirmó Daniel Sancho desde la cárcel.
El caso ha concentrado atención mediática en España desde el primer arresto y reabrió el interés por las condiciones de reclusión de ciudadanos españoles en terceros países y por el alcance de la asistencia consular, competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. La asistencia consular, regulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, permite el contacto y el seguimiento de un detenido, pero no la injerencia en el procedimiento judicial del país donde se juzga.
No es el primer español condenado a graves penas en Asia con enorme seguimiento en España. En 2011, el caso de Nadia Nerea y, en el ámbito internacional, condenas a largas penas de prisión en países sin extradición o revisión equivalentes han marcado la relación consular española. La familia Sancho ha mantenido desde la detención una defensa pública del condenado que ha incluido comparecencias y entrevistas, mientras el proceso judicial seguía su curso ordinario en los tribunales tailandeses.
Con la desestimación de los recursos, la condena de cadena perpetua queda en firme en la vía judicial ordinaria tailandesa.
