El formato de preguntas y respuestas con alumnado, habitual en las visitas de mandatarios a campus como Harvard, llevó a Sánchez a un terreno que evita en la escena nacional: la rendición de cuentas directa sobre los procedimientos que salpican a su entorno. Los estudiantes plantearon tanto el caso de Begoña Gómez como el caso Pegasus, relativo al presunto espionaje con el software israelí a dirigentes independentistas catalanes, un asunto que ha tensado la relación del Ejecutivo con sus socios parlamentarios desde que trascendió.
El presidente sostuvo que la causa contra su esposa responde a una estrategia política de desgaste impulsada desde la oposición y desde sectores de extrema derecha, una tesis que ha repetido en distintos foros desde que se conoció la denuncia que dio origen a la instrucción, presentada por la asociación Manos Limpias.
Más allá de la corrupción, Sánchez dedicó parte de su intervención a los llamados tecnooligarcas, a quienes pidió no creer «ni de coña», y presentó a España como un «laboratorio» de medidas destinadas a frenar su influencia. La expresión conecta con el discurso que el Gobierno ha desplegado sobre la regulación de las grandes plataformas y la concentración de poder mediático y económico, un debate que en la Unión Europea se ha traducido en normas como la Ley de Servicios Digitales, en vigor desde 2024.
El encuentro se produce mientras la proyección internacional del presidente convive con la presión judicial interna. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los intentos de Sánchez de que se considere delito la exhibición de lonas que lo calificaban de «corrupto» y, en su resolución más reciente, no solo desestimó la pretensión sino que le impuso el pago de las costas del procedimiento.
Ese pulso se suma a un conjunto de instrucciones que afectan a su círculo, desde la causa de su hermano David Sánchez en Badajoz hasta la del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. La oposición ha convertido estos procedimientos en eje de su discurso parlamentario; el Gobierno sostiene que responden a una persecución coordinada.
El uso de la comparecencia en el extranjero para abordar la política interna tiene precedentes. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy recurrieron a foros y universidades estadounidenses para proyectar mensajes que en España resultaban más comprometidos, un formato que combina la agenda económica exterior con la respuesta ante un auditorio menos hostil que el Congreso.
El Partido Popular y Vox han reiterado en sede parlamentaria en las últimas semanas su exigencia de comparecencias sobre los casos que afectan al entorno del presidente.
