El IMV nació en plena pandemia como respuesta de urgencia del Gobierno de Pedro Sánchez, impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y presentada como vacuna anticrisis frente al deterioro social del confinamiento. Seis años y varias reformas después, la prestación se consolidó como pieza permanente del sistema de protección social, aunque arrastra críticas de la Airef, Fedea, el Tribunal de Cuentas y los propios funcionarios que la tramitan. No es la primera renta de inserción cuestionada: las rentas mínimas autonómicas, en vigor desde los años noventa, fueron objeto de informes que ya alertaban de su escasa cobertura y su lenta gestión.
El informe de Civismo sitúa el coste acumulado en una cifra que, según sus propios cálculos, equivaldría a financiar el salario mínimo de 1,3 millones de trabajadores durante un año, a construir más de 1.000 kilómetros de líneas de alta velocidad o a levantar unos 35 hospitales del tamaño del que se construirá en Málaga. Son comparaciones que buscan dimensionar un gasto que ha crecido a ritmos superiores al 20% anual sin que la cobertura haya seguido el mismo ritmo.
Este año la ayuda alcanzó su máximo histórico de cobertura, con casi 800.000 hogares beneficiarios y 2,44 millones de personas, un 19% más que el ejercicio anterior. El crecimiento fue especialmente intenso entre los menores de edad, con un alza del 41%, y entre las mujeres, que representan el 68% de los perceptores. Pese a ese avance, persisten disparidades territoriales notables: Melilla (64,2%) y Asturias (60,6%) registran las mayores tasas de cobertura, mientras que Cataluña (27,9%) y Baleares (27,5%) presentan las más bajas.
La cuantía del IMV se revalorizó un 11,4% el pasado mes de enero, en paralelo a las pensiones no contributivas, hasta alcanzar una media de 546,8 euros mensuales por hogar. Para un adulto que vive solo, la renta garantizada asciende a 733,6 euros al mes; para una familia tipo de dos adultos y dos menores, la cifra llega a 1.394,45 euros mensuales, es decir, 16.733,40 euros al año, un 7,43% por encima del salario más frecuente en España, fijado en 15.575 euros anuales.
Según el informe, esa brecha eleva el llamado «salario de reserva», el umbral mínimo a partir del cual compensa aceptar un empleo, lo que reduciría los incentivos para incorporarse al mercado laboral en puestos de baja remuneración. Civismo atribuye a este fenómeno un efecto desincentivador del empleo equivalente a una caída relativa del 12% desde la implantación de la ayuda, un impacto que, según el estudio, persistiría incluso seis meses después de dejar de percibir la prestación.
«La consecuencia es que desde su implantación, el IMV ha tenido un efecto desincentivador del empleo que equivale a una caída relativa del 12%, un impacto que persiste incluso seis meses después de dejar de percibir la ayuda», explica la Fundación Civismo en su informe «Impacto del IMV en la economía».
El documento precisa que este desincentivo resulta mucho más intenso entre los menores de 30 años, los hogares monoparentales y los perceptores de cuantías superiores a la media, grupos en los que la caída de la participación laboral superaría el 20%. Los autores hablan de un «efecto cicatriz» para describir la persistencia de estas consecuencias negativas sobre el empleo más allá del periodo en que se cobra la ayuda, lo que a su juicio reclamaría una revisión de fondo del diseño de la prestación.
Seis de cada diez hogares, más de tres años
«El IMV podría estar funcionando en muchos casos más como una prestación de larga duración que como un mecanismo transitorio de incorporación al empleo», sostiene el informe, que recuerda que el 60% de los hogares perceptores recibe la ayuda durante más de tres años, una circunstancia que, advierten los autores, podría terminar cronificando la pobreza en lugar de corregirla. «Esta prestación solo ha alcanzado el 59% de su potencial estimado», insisten en el documento.
El impacto redistributivo, según Civismo, queda muy por debajo de lo previsto: la pobreza severa se habría reducido un 9,5%, frente a una previsión inicial del 16,2%, mientras que la pobreza moderada apenas habría bajado un 1,1%. Los autores subrayan que este resultado limitado se produce pese a incrementos de gasto superiores al 20% anual, lo que apuntaría a un problema de eficiencia en el diseño y la gestión más que de insuficiencia de recursos.
Revisiones retroactivas y reintegros de 2.615 euros
A las dudas sobre su eficacia se suma un historial de fricciones administrativas que, según el informe, habría taponado la llegada de la ayuda a los hogares más vulnerables. Los datos recogidos por Civismo indican que el 68% de los beneficiarios sufre revisiones retroactivas, con reintegros de un importe mediano de 2.615 euros y un tiempo mediano de tramitación de 203 días, una volatilidad que, señalan los autores, puede generar miedo a los reintegros y desincentivar nuevas solicitudes.
El problema de los pagos indebidos convertidos después en deudas reclamadas por la Seguridad Social ya había sido señalado por el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2024, que expresó su preocupación por el efecto de estas reclamaciones sobre personas vulnerables con escasa capacidad de ahorro. Aquel informe cuantificó el problema en 500 millones de euros, equivalentes al 4,7% del total abonado a todos los perceptores hasta julio de 2024.
Para corregir parte de ese laberinto burocrático, el grupo parlamentario Sumar presentó en mayo pasado una proposición de ley destinada a modificar los requisitos de devolución de prestaciones cobradas indebidamente, de forma que no pueda exigirse el reintegro cuando el error sea de la Administración o cuando el beneficiario se encuentre en una situación de vulnerabilidad acreditada.
El informe de Civismo plantea reformar la arquitectura del IMV para transitar desde un modelo predominantemente asistencial hacia otro orientado a la activación laboral, de forma que, en sus palabras, trabajar compense siempre. Ese debate sobre los incentivos al empleo se cruza con otras discusiones abiertas sobre protección social y coste de la vida, como la que ha planteado un economista que advierte del empuje del decreto de vivienda hacia el alquiler por habitaciones.
