Solórzano Foppa, antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), murió el sábado en un tiroteo en un campo de fútbol de la capital guatemalteca. En el ataque falleció también Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, al que Villeda calificó de "víctima colateral" al presumir que los disparos no iban dirigidos contra él. Según la PNC, el exfiscal contaba con escoltas, pero estos permanecieron en el borde del terreno de juego protegiendo al hijo de un cliente, a petición de este, lo que les impidió reaccionar ante los disparos.
Poco después del tiroteo, la policía detuvo a los dos hermanos —identificados como los hermanos Choc—, que resultaron ser repartidores ajenos a los hechos. Fueron puestos a disposición judicial y liberados cuando el juzgado determinó que no había mérito para mantenerlos retenidos, después de que el propio Ministerio Público solicitara de oficio esa falta de mérito. Los dos hermanos han denunciado que la policía les "implantó" el arma y los capturó "sin ninguna razón".
Arévalo confirmó que "se ha abierto una investigación" y que ha pedido a la Inspectoría General de la PNC que esclarezca la actuación policial, en coordinación con las pesquisas del Ministerio Público. El mandatario precisó que se analizará "cuáles fueron las condiciones que llevaron a su detención y, si hay alguna irregularidad o alguna ilegalidad, se tomarán todas las medidas necesarias".
"Quien haya incumplido con su trabajo, ya sea en dar la seguridad a Solórzano Foppa o si es que hubo irregularidades en el arresto de los hermanos Choc, sufrirá las consecuencias", afirmó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
El presidente defendió, no obstante, que el procedimiento judicial posterior se ajustó a la legalidad, ya que los arrestados fueron liberados "en menos de 24 horas" tras la decisión del juzgado. "Quienes estén intentando usar el sistema para criminalizar a las personas por cualquier razón están viendo que esa posibilidad no existe", sostuvo, distinguiendo entre la actuación policial cuestionada y la respuesta judicial.
"Van a rodar cabezas", advierte Villeda
El ministro de Gobernación detalló que la investigación interna busca determinar "cuál fue la actuación de los agentes captores, cómo procedieron, qué fue exactamente lo que pasó", incluida la hipótesis de que el arma fuera colocada entre las pertenencias de los detenidos. "Asumir que hubo una implantación de arma en este momento, pues no lo sabemos. Tenemos que investigarlo, tenemos que probar esa hipótesis", explicó, subrayando que tampoco cabe descartarla sin pruebas. Recordó que el ataque se había cometido "15 ó 20 minutos" antes de la detención.
Villeda, que ordenó a la Inspectoría de la PNC una pesquisa "muy objetiva, muy imparcial y muy rigurosa", condicionó cualquier destitución en la cúpula policial al resultado de las averiguaciones. "Si en algún momento es necesario hacer destituciones, las vamos a hacer; pero, por favor, necesito que tengamos claro que para eso necesitamos realmente tener evidencia", señaló. El ministro insistió en que "una detención no determina la culpabilidad de una persona; es solamente un procedimiento para poder investigar su participación en los hechos o no", y advirtió de que, cuando exista "evidencia clara de qué fue lo que pasó, claro que van a rodar cabezas, por supuesto".
En paralelo, la Dirección General de la PNC anunció en un comunicado que agilizará "la compra e implementación de equipos y servicios de cámaras corporales (Body Cams)" para el personal policial, así como sistemas de videovigilancia para las patrullas, con una solicitud de carácter urgente de los recursos financieros necesarios. La institución sostiene que la medida busca "generar confianza ciudadana, dotar de evidencias objetivas a cada procedimiento y respaldar la actuación de las fuerzas de seguridad", además de "proteger e impedir arbitrariedades o falsas acusaciones" contra los agentes.
El episodio reaviva el debate sobre las denuncias de pruebas fabricadas por cuerpos policiales, una práctica que en España ha llegado a los tribunales en casos de supuesta "implantación" de droga o armas durante registros. En el Estado de derecho, la detención es una medida cautelar sujeta a control judicial inmediato: el juez verifica la existencia de indicios suficientes y, de no hallarlos, ordena la puesta en libertad, como ocurrió con los hermanos Choc. La Inspectoría de la PNC deberá ahora determinar si esos indicios fueron manipulados por los agentes captores.