Los mensajes, atribuidos a David Casarejos, consejero del CGCEE, y a Juan Manuel de la Hoz, al frente del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu), habrían circulado en octubre de 2022, durante la fase final de negociación de la instrucción conocida como Ley de Nietos. Ese texto amplió el acceso a la nacionalidad española a descendientes de emigrados sin necesidad de acreditar una salida de España vinculada al exilio republicano o franquista.
Según la conversación difundida, tanto Puente como la entonces subdirectora, María del Mar López, eran conscientes de que la Ley de Memoria Democrática no contemplaba de forma expresa esa vía de acceso a la nacionalidad y de que cualquier ampliación exigiría una interpretación extensiva del texto legal. En uno de los mensajes atribuidos a Casarejos se resume ese límite.
«Juamna explicaron que la Ley de Memoria Histórica acabó en 2011. Todos queremos lo mismo, pero Sofía y María del Mar explicaron que no pueden ser creativas con una ley cerrada. Miro un texto y veo cómo lo hago», habría escrito Casarejos a De la Hoz, según la conversación publicada por OKDIARIO.
De la Hoz, por su parte, habría defendido que una decisión política permitiría extender la instrucción a cualquier descendiente de español sin acreditar exilio, circunstancia que afectaba a su propio caso. Llegó a lamentar, según los mensajes, que fuera «una oportunidad para hacer algo grande», en referencia a una reforma más amplia de la legislación de nacionalidad. La interpretación amplia terminó imponiéndose tras las presiones dirigidas a la cúpula del PSOE en el exterior, encabezada por Pilar Cancela, entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional.
Casarejos ha negado la existencia del intercambio y ha calificado su reproducción de manipulada mediante inteligencia artificial, asegurando que «nunca existió» y tachando al medio que la difundió de «panfleto». Cedeu, en un comunicado, no niega que la conversación tuviera lugar, aunque sostiene que no ha podido encontrar un archivo que la acredite.
Vox reaccionó este sábado subrayando el peso de los mensajes en la investigación por presunta prevaricación. La formación presentó el 23 de julio una querella contra Puente y contra su sucesora en el cargo, María Ester Pérez, en la que sostiene que ambas eran conscientes de la naturaleza irregular de la instrucción. La ofensiva legal la encabeza el área de Acción Jurídica junto con el eurodiputado Jorge Buxadé.
«Dichos mensajes acreditan el conocimiento exacto de las consecuencias de los actos de Sofía Puente», declaró Marta Castro, responsable de Acción Jurídica de Vox.
La querella acusa a Puente de haber creado «una modalidad de adquisición de nacionalidad ajena al Código Civil», al margen del marco legal vigente. La Ley de Memoria Democrática, aprobada por las Cortes en octubre de 2022, sustituyó a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y abrió un plazo para que descendientes de españoles solicitaran la nacionalidad, una vía que se sumó al debate sobre política migratoria y de nacionalidad en España, en paralelo a asuntos de gestión fronteriza como los 18.260 cruces por el Mediterráneo occidental registrados por Frontex este año.
El procedimiento judicial contra Puente y Pérez sigue su curso tras la querella registrada el 23 de julio, en torno a si la instrucción creó una vía de acceso a la nacionalidad no prevista en la norma.