La moción no se limita a la cuestión fiscal. Su primer punto insta a reclamar la repatriación de quienes hayan entrado o permanezcan en España de forma irregular, la remigración de extranjeros que, sin aportar a la economía mediante el trabajo, pretendan vivir de ayudas sociales y recursos públicos, y la deportación de quienes cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretendan imponer costumbres que el texto considera incompatibles.
Coll enmarca la propuesta en un diagnóstico que atribuye el colapso habitacional a la combinación de una oferta estancada y una demanda disparada por la llegada de población extranjera. Según su argumentación, la producción residencial se ha mantenido por debajo de las noventa mil unidades anuales mientras el país recibía a millones de nuevos residentes, un desajuste que el concejal presenta como la causa principal —y, a su juicio, silenciada— de la subida de precios.
El edil apunta directamente a la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023, a la que responsabiliza de haber provocado la salida de inmuebles del mercado por parte de pequeños propietarios. Esa norma, en vigor desde mayo de 2023, introdujo mecanismos como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y límites a la actualización de rentas, y fue defendida por el Gobierno como herramienta para contener precios; sectores del propietariado y parte de la oposición la han señalado como un factor de retracción de la oferta.
Sobre ese marco, Coll traslada su crítica a una acusación más amplia contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que atribuye haber diseñado, con la combinación de ley restrictiva, bloqueo de suelo e inmigración elevada, un escenario favorable a los grandes tenedores.
«No es posible especular con un bien abundante. La especulación sólo prospera allí donde el bien es escaso, codiciado», sostiene el concejal de Vox en Palma, Fulgencio Coll.
Baleares figura entre los territorios españoles con mayor presión sobre el precio del alquiler y la compraventa, por la combinación de demanda turística, residencia extranjera y limitación de suelo urbanizable en las islas. Esa singularidad ha convertido al archipiélago en escenario recurrente de iniciativas sobre fiscalidad inmobiliaria: en 2022 el Parlament balear aprobó restringir la compra de vivienda a no residentes, una medida sobre la que el Govern encargó informes jurídicos por su posible choque con el derecho europeo a la libre circulación de capitales.
La moción de Coll se circunscribe al terreno municipal y fiscal, un terreno que roza competencias reservadas al Estado. La política migratoria y la extranjería corresponden en exclusiva a la Administración General del Estado, según la Constitución, mientras que los tributos locales se limitan a los previstos en la ley reguladora de las haciendas locales, lo que acotaría el margen de un ayuntamiento para fijar gravámenes diferenciados por nacionalidad del comprador.
El debate llega mientras la inmigración y la seguridad ocupan otros frentes institucionales, después de que un general del Ejército de Tierra advirtiera de que «España ha perdido capacidades de Defensa». La iniciativa de Coll aún debe someterse a la votación del pleno, donde Vox necesitaría el respaldo de otros grupos para que el texto salga adelante.