El campus de Somosaguas nació en pleno franquismo con un propósito político: alejar a los estudiantes de la Facultad de Económicas del entorno de La Moncloa para contener las protestas universitarias que se multiplicaban a finales de los años sesenta. La estrategia de dispersión no impidió que el recinto se convirtiera en escenario de asambleas y manifestaciones, ni que la policía franquista —los llamados «grises»— llegara a entrar a caballo en las aulas para disolver concentraciones estudiantiles.
La UCM ha construido una nueva sede para la facultad y ha puesto en marcha el derribo de los edificios originales, entre ellos el conocido como edificio de tercero, el primero señalado para la demolición. La universidad sostiene que la actuación responde a una exigencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, mientras que el consistorio defiende que se limita a aplicar la legalidad urbanística vigente sobre esos terrenos.
Un grupo de profesores de la Complutense ha pedido frenar la piqueta hasta que se realice un estudio formal sobre el valor patrimonial del conjunto. Su petición se apoya en un informe elaborado por dos urbanistas que defiende el interés arquitectónico e histórico de los edificios como testimonio de una etapa concreta de la universidad española y de la propia dictadura.
«Son un lugar de memoria», sostienen los profesores que reclaman paralizar el derribo de los edificios históricos de Somosaguas.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) se ha sumado a las voces críticas con el derribo y prepara una propuesta para otorgar protección patrimonial a los inmuebles afectados, una vía administrativa que podría frenar o condicionar las obras. La iniciativa del colegio profesional, sin embargo, llega cuando la maquinaria ya ha comenzado a actuar sobre el terreno.
La piqueta ya trabaja en el edificio de tercero
Los trabajos de demolición han arrancado ya en el edificio de tercero, con el vallado perimetral instalado el martes como paso previo al derribo. La controversia enfrenta dos lecturas de un mismo expediente: la universidad y el ayuntamiento invocan obligaciones urbanísticas cruzadas, mientras profesores y colegio de arquitectos reclaman que se detenga el proceso para evaluar un patrimonio que consideran irrepetible.
La protección de los vestigios arquitectónicos construidos bajo el franquismo carece en España de un marco específico: la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y la figura del Bien de Interés Cultural permiten amparar inmuebles por su valor, pero exigen la incoación de un expediente que debe tramitar la administración competente, un paso que no se ha producido en Somosaguas. Distintos campus levantados con criterios de dispersión y control político han renovado sus instalaciones en las últimas décadas sin ese reconocimiento previo.
La disputa recuerda a otros debates recientes en las comunidades sobre cómo preservar el patrimonio ligado a la vida universitaria, un ámbito en el que Galicia, por ejemplo, ha legislado para sancionar con hasta 15.000 euros insultar o agredir a un docente. En Somosaguas, mientras tanto, la piqueta ya está sobre el primer edificio.