La cifra contrasta con las declaraciones de Pedro Sánchez, que en su reciente aparición en el programa de La 1 'La Revuelta' aseguró que en los últimos años se habían construido un millón de viviendas en España, sin precisar el periodo exacto al que se refería. Los registros ministeriales sitúan el total de viviendas terminadas —libres y protegidas— por debajo de las 750.000 unidades desde comienzos de 2018 hasta junio de 2026.
La serie temporal muestra un crecimiento irregular de la vivienda protegida. En 2018 se terminaron 5.191 unidades, cifra que subió a 7.248 en 2019 y a 9.973 en 2020. El ritmo se mantuvo moderado en los ejercicios siguientes hasta alcanzar un máximo de 14.371 viviendas protegidas en 2024. En 2025 la cifra retrocedió a 12.858, un descenso superior al 10% respecto al año anterior. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 11.270 calificaciones definitivas, una mejora frente al mismo periodo de 2025 que, según los propios datos, resulta insuficiente para corregir la escasez acumulada.
Madrid concentra casi 35.000 viviendas
El reparto territorial evidencia desigualdades notables entre comunidades autónomas. Madrid lidera la clasificación nacional con 34.912 viviendas protegidas terminadas desde 2018, equivalentes al 22,9% del total regional contabilizado en ese periodo. Le siguen Cataluña, con 19.014 unidades; País Vasco, con 10.184; y Andalucía, con 8.429. En el extremo opuesto figuran Canarias, con solo 268 viviendas protegidas, Murcia, con 194, y La Rioja, con apenas 29. Ceuta no registra ninguna vivienda protegida terminada durante todo el periodo analizado.
La promoción de vivienda protegida depende de distintas administraciones autonómicas y locales, y también puede contar con participación de promotoras privadas acogidas a regímenes de protección pública. Esa dispersión de competencias dificulta atribuir la responsabilidad a un único nivel de gobierno, aunque los datos del Ministerio cuestionan la eficacia conjunta de las políticas de vivienda desarrolladas durante los últimos años.
La escasez de vivienda protegida se produce en un contexto de fuerte presión sobre los precios de compra y alquiler, particularmente intensa en las grandes ciudades, donde la formación de nuevos hogares continúa superando el ritmo de entrega de vivienda terminada. Ese desajuste entre oferta y demanda encarece el acceso a la vivienda de forma desigual según el perfil patrimonial de cada hogar, como reflejan también las declaraciones patrimoniales de cargos públicos.
El Plan Estatal de Vivienda y la Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en 2023, fijaron como objetivo ampliar el parque público de alquiler asequible, que en España representa una fracción reducida frente a la media de la Unión Europea. El balance de los datos ministeriales muestra, sin embargo, que la oferta protegida sigue sin cerrar la brecha con la demanda.
Después de más de ocho años con Sánchez en La Moncloa, los registros oficiales sitúan en una de cada ocho el número de viviendas terminadas en España que ha contado con calificación de protegida durante el periodo analizado.