Según la Guardia Civil, la organización captaba a las víctimas en países latinoamericanos con la promesa de un empleo en España para el cuidado de personas mayores. La propia red costeaba el viaje y los trámites de documentación, pero al llegar las mujeres a territorio español les retiraban los pasaportes y les comunicaban una deuda de unos 10.000 euros en concepto de gastos de traslado y alojamiento.
Esa deuda, impuesta bajo coacciones y amenazas de muerte contra sus familiares en el país de origen, era el mecanismo con el que los detenidos obligaban a las víctimas a prostituirse en pisos y casas gestionados por la propia organización. El importe, lejos de reducirse, se incrementaba de forma constante, lo que mantenía a las mujeres atadas a la red durante periodos prolongados.
La Guardia Civil ha constatado que la red sevillana mantenía vínculos con otras organizaciones criminales repartidas por distintas provincias, con las que coordinaba el traslado periódico de las víctimas entre inmuebles de todo el territorio nacional. Cada cambio de ubicación implicaba que la deuda pasara a ser asumida por la nueva organización receptora, que exigía a su vez a las mujeres seguir ejerciendo la prostitución para saldarla, dificultando además las investigaciones policiales.
La investigación arrancó a partir del testimonio de una de las mujeres que logró escapar de la red, cuya información permitió reconstruir el modus operandi y dirigir las primeras pesquisas hacia los inmuebles utilizados en Sevilla capital.
Dos fases y ocho localidades registradas
La operación se ha ejecutado en dos fases. La primera, a finales de septiembre, incluyó seis entradas y registros en Sevilla capital —con apoyo de la Policía Local— y 11 detenciones en Gelves (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz). En esos registros se identificó a 15 mujeres que ejercían la prostitución para la organización; dos de ellas solicitaron de inmediato protección en una casa de acogida gestionada por entidades especializadas, con la mediación de los investigadores.
En los inmuebles registrados en esa primera fase se intervinieron dos vehículos de alta gama, sistemas de videovigilancia usados para controlar a las mujeres, terminales móviles, datáfonos, documentación contable, contratos fraudulentos suscritos con las propias víctimas y 20.000 euros en efectivo.
La segunda fase, desarrollada este mes, se ha extendido a Vigo (Pontevedra), Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia), con seis registros y ocho detenciones. Allí se localizó e identificó a otras siete mujeres explotadas por la red, y se intervinieron 7.780 euros en efectivo junto a un elevado número de dispositivos electrónicos y documentación, cuyo análisis sigue en curso.
Los delitos imputados se enmarcan en el artículo 177 bis del Código Penal, que castiga la trata de seres humanos con fines de explotación sexual con penas de cinco a ocho años de prisión, agravables cuando media organización criminal o pluralidad de víctimas. Los 19 detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de los delitos investigados, sin que conste por el momento resolución sobre su situación procesal.
La Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones a medida que avance el examen de la documentación incautada, dado el volumen de material intervenido en ambas fases. La operación se suma a las actuaciones policiales recientes que han marcado la actualidad judicial, como las registradas en torno a los disturbios que los Mossos atribuyeron a grupos de TikTok en Barcelona.