"Parece que no se trata de un comportamiento sistémico", declaró el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al explicar las 170 caídas del LZB registradas en 2026.
Puente anunció este martes que el Gobierno destinará 30 millones de euros a ayudas para los afectados por el accidente, en el que han muerto 69 personas. Las medidas incluyen doblar la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, anticipar las indemnizaciones y poner en marcha oficinas de atención a las víctimas, un paquete que el ministro equiparó al desplegado tras el siniestro de Adamuz.
El titular de Transportes detalló también cambios operativos inmediatos: se reducirá la frecuencia de trenes en la línea Madrid-Sevilla hasta que entre en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad, un segundo controlador supervisará cada orden que reciban los maquinistas y se limitarán los precios de los transportes alternativos mientras la línea permanezca cortada.
El examen de las caídas del LZB llega después de que Aicape avisara al Gobierno en junio de la «fuga de talento» en seguridad ferroviaria, una advertencia sobre el estado de la plantilla responsable del control de la red. El accidente ha reavivado además el debate sobre el mantenimiento ferroviario en España.
La respuesta del Ejecutivo sigue la pauta fijada tras el accidente de Adamuz, cuando Sánchez anunció ayudas para Urda similares a las de aquel siniestro y advirtió del pacto PP-Vox. La gestión de ambos episodios ha quedado bajo escrutinio desde que se conoció que el presidente de Adif cobra 195.000 euros pese a los dos descarrilamientos.
El último gran siniestro ferroviario en España antes de Adamuz y Urda fue el del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), que dejó 80 muertos en julio de 2013 y derivó en una causa judicial que se prolongó durante años sobre la responsabilidad en el sistema de seguridad del trazado. La investigación técnica de aquel accidente apuntó a un exceso de velocidad en una curva sin sistema de frenado automático activo.
Puente comparecerá a las 17.00 horas de este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones de la Cámara fuera de los periodos ordinarios de sesiones. PP, Vox, PNV y Junts, que suman 35 de los 69 puestos de ese órgano, exigirán su dimisión durante la sesión.