El documento, según la información publicada, augura que Andy Burnham, alcalde de la región metropolitana de Mánchester y antiguo diputado laborista, «será el último primer ministro británico», una fórmula que sintetiza la ambición del pacto de reconfigurar el mapa institucional del Reino Unido. Burnham figura entre las figuras críticas con el statu quo que han ganado peso en el propio ámbito político inglés.
La devolution, el proceso de transferencia de competencias iniciado en 1998 bajo el Gobierno de Tony Blair, dotó a Escocia, Gales e Irlanda del Norte de parlamentos y ejecutivos propios, pero mantuvo bajo control de Westminster áreas como la política exterior, la defensa y buena parte de la fiscalidad. Ese reparto de poder ha sido fuente recurrente de fricción entre Londres y las administraciones autónomas.
Escocia celebró en 2014 un referéndum de independencia que perdió la opción separatista por un margen del 55% frente al 45%, con una participación cercana al 85%, según los datos oficiales de la Comisión Electoral escocesa de aquel año. Desde entonces, el Partido Nacionalista Escocés ha reclamado en varias ocasiones una segunda consulta, sin que Londres haya autorizado formalmente ninguna nueva votación.
Pese a la relevancia del pacto, el texto evita, según ha trascendido, cualquier referencia explícita a la convocatoria de un referéndum de independencia, lo que apunta a una estrategia de presión gradual antes que a una ruptura inmediata con el marco constitucional británico. Gales, con un movimiento independentista históricamente más débil que el escocés, e Irlanda del Norte, sujeta al delicado equilibrio del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 entre unionistas y nacionalistas, afrontan realidades políticas distintas.
El Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin a tres décadas de conflicto armado conocido como los Troubles, contempla mecanismos específicos para una eventual reunificación de Irlanda, condicionados a sendos referéndums en Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Cualquier iniciativa conjunta de los tres territorios tendría que sortear ese marco jurídico diferenciado, además de la falta de un mecanismo constitucional único que regule la secesión de Escocia o Gales.
El Parlamento británico conserva, en última instancia, la potestad de autorizar o bloquear cualquier consulta territorial, como ocurrió en 2014 con el referéndum escocés, convocado mediante un acuerdo específico entre Londres y Edimburgo conocido como el Acuerdo de Edimburgo. La ausencia de un pacto similar en la actualidad deja en manos del Gobierno central la decisión final sobre si el nuevo frente nacionalista puede traducirse en una consulta vinculante.
El movimiento coincide con el auge de fuerzas de corte nacionalista o euroescéptico en varias democracias europeas: en Alemania, AfD alcanza el 30% de la intención de voto, diez puntos por encima de la CDU de Merz, un dato que ilustra la dificultad de los partidos tradicionales para retener el respaldo electoral en sus regiones históricas.
