Pulido Vargas, de 62 años, también identificado como Germán Enrique Rubio Salas —nombre con el que fue condenado en Italia en 1997—, tiene previsto comparecer este martes ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, según detalló el Departamento de Justicia en una nota oficial. Las dos acusaciones que pesan sobre él descansan sobre un mismo entramado financiero que, según Washington, benefició al círculo de poder del presidente venezolano a costa de programas de ayuda esencial.
La causa de 2021 lo sitúa, junto a otros cuatro coacusados, al frente de una operación de blanqueo vinculada a unos 1.600 millones de dólares (1.427 millones de euros) en contratos del Gobierno venezolano para el suministro de alimentos y medicinas. El Departamento de Justicia precisó que se le imputa un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos adicionales de blanqueo, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión federal.
Blanche describió la presunta trama en términos severos en el mismo mensaje con el que confirmó la detención.
"Sus presuntas acciones demuestran un desprecio absoluto hacia el pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a suministrar alimentos, medicinas y viviendas esenciales para beneficio personal, valiéndose para ello del sistema financiero estadounidense", denunció Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos.
El responsable del Departamento de Justicia remarcó que el detenido "se enfrenta actualmente a dos acusaciones federales distintas en Estados Unidos de 2019 y 2021 relacionadas con presuntas tramas de soborno y lavado de dinero venezolano por valor de miles de millones de dólares vinculadas al régimen de Maduro". El arresto, según su anuncio, lo ejecutaron agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, integrado por distintos órganos de seguridad estadounidenses.
La segunda causa, la de 2019, conecta a Pulido Vargas con Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela y señalado durante años como testaferro de Maduro. Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 ambos "conspiraron con otras personas" para blanquear unos 350 millones de dólares (312 millones de euros) "en relación con un esquema de sobornos vinculado al sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela", a través de cuentas bancarias en territorio estadounidense.
El precedente de Alex Saab
El arresto llega apenas unas semanas después de que Saab se declarase culpable de blanqueo de capitales, entre otros delitos, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una audiencia ante un tribunal federal de Miami. Saab, de 54 años, había pasado más de tres años en prisión en Estados Unidos acusado de los mismos hechos antes de ese pacto.
Su recorrido judicial ilustra la dimensión diplomática que ha adquirido la persecución de estas redes financieras. Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 a petición de Washington y extraditado en octubre de 2021 tras una prolongada batalla legal. Más tarde recuperó la libertad en virtud de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela que incluyó la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en territorio venezolano.
La persecución de estas tramas se enmarca en una estrategia de Washington que combina procesos judiciales con sanciones económicas contra el entorno de Maduro, a quien Estados Unidos no reconoció como presidente legítimo a partir de 2019, cuando respaldó a Juan Guaidó como mandatario encargado. Esa disputa de legitimidad, que marcó buena parte de la política exterior estadounidense hacia Caracas durante el primer mandato de Donald Trump, ha convivido con episodios de negociación puntual, como el propio canje que liberó a Saab.
El Departamento de Justicia ha mantenido durante años como línea prioritaria la lucha contra el blanqueo de capitales vinculado a Caracas, con el argumento de que buena parte de los fondos desviados debían financiar programas sociales básicos. Los contratos de alimentos y medicinas señalados en la causa de 2021 se inscriben en el sistema de subsidios venezolano, presentado por el Gobierno de Maduro como respuesta a la escasez derivada de la crisis económica del país.
La detención de Pulido Vargas se suma a una serie de arrestos y condenas de testaferros, intermediarios y funcionarios señalados por Washington como piezas de una red que, según sostiene la Fiscalía estadounidense, habría desviado miles de millones de dólares del erario venezolano a través del sistema financiero de Estados Unidos. El caso se produce en un clima internacional de tensión en torno a Venezuela y su entorno, como reflejan episodios recientes en el estrecho de Ormuz, donde un superpetrolero ardió tras el impacto de un proyectil.
Pulido Vargas deberá responder ante el tribunal federal de Florida este martes, en una comparecencia que abrirá formalmente el proceso derivado de las dos acusaciones presentadas en su contra.