Los dos decretos se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado martes después de haber sido rechazados en el Congreso de los Diputados. Tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, su validación correspondería ahora a la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones de la Cámara baja mientras esta permanece disuelta. Las normas contemplan la renovación automática de los contratos de alquiler y nuevas garantías frente a los desahucios.
Medina explicó en una entrevista con Susana Griso en Antena 3 el origen de su patrimonio inmobiliario: «A base de hipotecas monté mi primera empresa y con lo que iba generando compré la primera vivienda con 3.500 euros y dos préstamos personales». Desde esa primera operación, según su relato, fue reinvirtiendo los ingresos del alquiler —«200 o 300 euros extra» al mes, dijo— hasta acumular seis hipotecas y once viviendas.
El empresario ha insistido en que su perfil no corresponde al de un gran tenedor con propiedades de lujo. «Tengo 11 pisos, pero ninguno es un chalet en Galapagar. El más caro que compré son 80.000 euros», afirmó en el programa En boca de todos, de Cuatro, en una intervención previa a la aprobación de los decretos.
En declaraciones a un programa de Antena 3 presentado por Cristina Pardo, Medina detalló el proceso que le llevó a frenar la puesta en alquiler de tres viviendas recién reformadas. Había sacado los pisos al mercado antes de que el Gobierno aprobara los decretos, pero decidió esperar antes de firmar los contratos ante la incertidumbre sobre la votación parlamentaria.
«Estos tres se habían acabado de reformar, los saqué al mercado; el martes se aprobó en el Consejo de Ministros, y no hice el contrato hasta pasados cuatro o cinco días a la espera de lo que podría ocurrir. Cuando se rechazó en el Congreso, no me esperaba que de nuevo se presentara lo mismo», Javier Medina, propietario e inversor inmobiliario.
Medina añadió una reflexión sobre el procedimiento legislativo seguido tras el rechazo inicial de las normas: «Entendía que en una democracia, si una ley por mayoría se rechaza, pues no se puede volver a presentar de otra forma por la puerta de atrás, bajo mi punto de vista, lo mismo cambiando cuatro cosas para que no sea fraude de ley».
El propietario también desglosó la carga económica que soporta como arrendador, al margen de la fiscalidad asociada a los ingresos. «Tengo al mes más de 800 euros de gasto sin contar los impuestos que se tributan al Estado, unas cuotas de 2.000 euros de hipotecas. Yo asumo unos riesgos, tengo que cubrirme con seguros de impago porque el Estado no se hace responsable», explicó, antes de referirse a las nuevas condiciones: «Ahora me dicen que los alquileres se van a prorrogar tres años y que podrían ser hasta indefinidos».
La convalidación de decretos leyes por la Diputación Permanente durante la disolución de las Cortes tiene precedentes: la Constitución de 1978 reserva a ese órgano velar por los poderes de las Cámaras cuando no están reunidas, y su uso en periodo electoral ha sido objeto de controversia política en otras disoluciones. El relato de Medina se suma al debate sobre la regulación del alquiler reavivado en las últimas semanas, en paralelo a episodios como el que recoge una carta a El País sobre los desalojos que se aplazan en Cataluña. Según el material, la validación de los dos decretos quedaría pendiente en un plazo máximo de 30 días tras la disolución de las Cortes.