El testimonio de una trabajadora resume la magnitud del problema: le pidieron 800 euros mensuales por una sola habitación en una vivienda compartida, una cifra que supera buena parte de los salarios habituales en hostelería y comercio en la provincia de Málaga. Ante esa tesitura, optó por asumir trayectos diarios de más de dos horas antes que destinar la mayor parte de su nómina al alquiler.
«Te piden 800 euros por una habitación, prefiero llevar un kit de supervivencia en el coche», explicó la empleada.
El kit al que alude —alimentos, agua y elementos básicos guardados en el coche— se ha convertido, según su relato, en una respuesta práctica frente a trayectos que pueden alargarse por el tráfico estival o por imprevistos mecánicos en carreteras secundarias. La escena ilustra cómo la falta de vivienda asequible está modificando las rutinas de quienes sostienen la economía turística andaluza en los meses de mayor actividad.
La temporada estival ha coincidido con cifras de ocupación hotelera elevadas en la Costa del Sol, una tendencia que en los últimos ejercicios ha ido acompañada de subidas sostenidas en el precio del alquiler residencial. El fenómeno no es exclusivo de Málaga: localidades costeras de toda España arrastran desde hace años una tensión entre la demanda turística, la vivienda vacacional y la oferta disponible para residentes.
El Instituto Nacional de Estadística sitúa el precio de la vivienda en alquiler en una senda alcista continuada en las provincias con mayor presión turística, aunque los datos desagregados por municipio no siempre reflejan con la misma rapidez los picos estacionales que describen estos trabajadores. La combinación de salarios del sector servicios y alquileres tensionados por la demanda vacacional configura un desajuste que lastra la capacidad de los destinos turísticos para retener mano de obra.
La precariedad habitacional ligada al turismo no es nueva en España: desde la expansión del turismo de masas en las décadas posteriores a la Transición, los municipios costeros conviven con picos estacionales de población que presionan los precios del alquiler residencial frente a la vivienda destinada al uso vacacional. Lo que estos relatos añaden es la magnitud de los trayectos que algunos trabajadores asumen antes que renunciar a su empleo o encarecer su presupuesto mensual más allá de lo sostenible.
La crisis de la vivienda ocupa un lugar central en el debate público español, con cruces de responsabilidades entre administraciones. En paralelo a estos testimonios, Vallés cuestiona que el Gobierno cargue la crisis de la vivienda sobre Rajoy, una disputa que refleja hasta qué punto el fenómeno se ha convertido en materia de confrontación partidista además de un problema estructural de oferta y demanda.
