El Centro de Comunicación del Gobierno palestino, con sede en Ramala, señaló en un comunicado que la detención se produce como continuación de las restricciones que Israel aplica contra la presencia institucional palestina en Jerusalén Este, territorio que Israel ocupó en la guerra de 1967 y anexionó unilateralmente en 1980 mediante una ley básica que la comunidad internacional no reconoce. El Consejo de Seguridad de la ONU declaró nula esa anexión en su resolución 478, aprobada ese mismo año.
Awar ocupa la cartera de Asuntos de Jerusalén dentro del Gobierno de la Autoridad Palestina, la institución de autogobierno limitado creada por los Acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Se trata de una de las carteras más sensibles del Ejecutivo palestino: Israel prohíbe cualquier actividad institucional de la Autoridad en Jerusalén Este, cuyo estatuto final quedó pendiente de negociación en los propios acuerdos.
Jerusalén Este alberga la Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo, lugar sagrado para el islam y el judaísmo, y es reclamada por los palestinos como capital de un futuro Estado independiente. Israel considera la ciudad completa, este y oeste, su capital, una posición que solo Estados Unidos y un reducido número de países han reconocido formalmente, especialmente desde el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén en 2018 durante la primera Administración de Donald Trump.
Un patrón que se remonta a los años noventa
La expulsión de responsables palestinos de Jerusalén Este no es una práctica nueva. Israel ha clausurado en distintos momentos desde los años noventa sedes de instituciones palestinas en la ciudad, entre ellas la Casa de Oriente, sede de facto de la OLP en Jerusalén Este, cerrada en 2001 tras el estallido de la Segunda Intifada. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado de forma reiterada órdenes de expulsión temporal o permanente contra activistas, periodistas y cargos políticos palestinos en la zona, con alegación de motivos de seguridad que rara vez se detallan públicamente.
El Ejército israelí no ha ofrecido, según la información distribuida por WAFA, explicación pública alguna sobre los motivos del arresto ni sobre el procedimiento que seguirá el caso. En el marco legal israelí aplicado en Cisjordania y Jerusalén Este, los palestinos pueden ser sometidos a detención administrativa, figura que permite el internamiento sin cargos ni juicio por periodos renovables, y que ha sido objeto de críticas reiteradas de Naciones Unidas y de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem.
La Autoridad Palestina, presidida por Mahmud Abás desde 2005, no convoca elecciones generales desde 2006, cuando Hamás ganó los comicios legislativos, un resultado que derivó en la ruptura entre Fatah y Hamás y en la división territorial entre Cisjordania y la Franja de Gaza que persiste. En ese contexto de fragilidad institucional, cada detención de un miembro del Gobierno de Ramala adquiere una dimensión que trasciende el caso individual.
El episodio se produce en un momento de tensión sostenida en Jerusalén Este y Cisjordania, marcado por la expansión de asentamientos israelíes —considerados contrarios al derecho internacional por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de julio de 2024— y por operaciones militares recurrentes en campos de refugiados palestinos como Yenín o Tulkarem.
Portavoces del Gobierno palestino pidieron a la comunidad internacional que intervenga para exigir la liberación de Awar y el cese de lo que califican de política sistemática de expulsión de responsables palestinos de la ciudad. Israel, por su parte, sostiene de manera reiterada que estas medidas responden a razones de seguridad nacional y al mantenimiento del orden público en una ciudad que reivindica como su capital.
La Unión Europea mantiene formalmente una posición de rechazo a la anexión de Jerusalén Este y de apoyo a una solución de dos Estados con esa ciudad como capital compartida.
En los próximos días será clave observar si el ministro es puesto en libertad, si se le imputan cargos formales o si su caso deriva en una orden de detención administrativa prolongada, así como la eventual respuesta de instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que mantiene una misión de seguimiento sobre los territorios palestinos ocupados.
