Guterres trasladó el mensaje en su despacho de la planta 38 de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en plena fase de despedida, con un argumento que desplaza el centro del debate: la inteligencia artificial militar no es, según su planteamiento, una cuestión de código o de software, sino de equilibrio de poder entre dos bloques que concentran la capacidad de entrenar los modelos más avanzados.
El reglamento europeo de inteligencia artificial, la norma más ambiciosa del mundo en la materia, excluye expresamente de su ámbito de aplicación los sistemas destinados a fines militares, de defensa y de seguridad nacional. Esto significa que las obligaciones de documentar los datos de entrenamiento, evaluar riesgos y someter los modelos a auditoría no alcanzan al segmento que concentra el gasto más dinámico del sector y que, según el diagnóstico de Guterres, representa el riesgo menos vigilado.
El secretario general no reclama una moratoria sobre el desarrollo de estos sistemas. Su petición es más acotada: que las empresas publiquen los riesgos medioambientales de sus productos y que existan mecanismos multilaterales de diálogo y supervisión entre los estados que lideran la carrera. El modelo que tiene en mente remite a la Guerra Fría, cuando Washington y Moscú mantuvieron líneas de comunicación directa precisamente para evitar el desenlace que ambos temían.
Ese precedente tiene nombre: el llamado teléfono rojo entre la Casa Blanca y el Kremlin, instalado en 1963 tras la crisis de los misiles de Cuba del año anterior, estableció un cauce directo entre ambas capitales para reducir el riesgo de un error de cálculo nuclear. El razonamiento de Guterres traslada esa lógica de disuasión al terreno algorítmico: si dos ejércitos despliegan sistemas que deciden en milisegundos, el margen para corregir un fallo depende de la calidad del canal que ambas partes mantengan abierto. El riesgo, en esta lectura, no reside en el algoritmo, sino en la ausencia de un teléfono rojo entre estados mayores.
«Una carrera de armamento algorítmico no se mide en unidades desplegadas, sino en la velocidad a la que se estrecha el tiempo disponible para corregir un error», resume el diagnóstico planteado por Guterres.
El negocio detrás del diagnóstico
La advertencia tiene también una lectura económica. Los grandes contratistas de defensa han reorganizado sus divisiones para vender software, análisis de datos y mantenimiento predictivo junto al hardware tradicional, porque ahí se concentran los márgenes que el equipamiento físico ya no ofrece. La inteligencia artificial no sería, en este sentido, un producto nuevo para el sector, sino la capa que revaloriza toda la industria existente.
Ahí se sitúa la segunda advertencia del secretario general, la que afecta de manera más directa a la estructura del mercado: «El mayor peligro sería la concentración de capacidades en Estados Unidos y China». Traducido a términos de competencia industrial, ese oligopolio de cálculo, datos y talento decide quién puede entrenar un modelo de uso militar desde cero y quién, en cambio, solo puede comprarlo ya desarrollado.
El continente europeo afronta la contradicción de regular con detalle el uso civil de la inteligencia artificial mientras depende de proveedores externos para la parte más sensible de sus sistemas de mando y control. Bruselas redacta las normas que regulan el coche autónomo mientras compra fuera la infraestructura de cálculo que sostiene sus propios estados mayores.
El negocio se reparte en dos capas diferenciadas. La primera, la del cómputo y los modelos fundacionales, queda vetada para Europa a corto plazo porque exige una inversión que ningún presupuesto nacional puede asumir en solitario. La segunda, la de integración en plataformas, sensores y doctrina militar, es el terreno donde los grupos industriales continentales intentan capturar margen mediante contratos plurianuales que llegan a la cuenta de resultados mucho antes que cualquier directiva comunitaria.
Ese desfase explica por qué el debate regulatorio y el industrial avanzan a ritmos distintos: una norma europea tarda años en cerrarse, mientras que un contrato de defensa se firma en cuestión de meses. En ese margen de tiempo, la supervisión que reclama Guterres compite en desventaja frente a la urgencia operativa de los ministerios de Defensa nacionales, la misma tensión que atraviesa programas aliados como el que ensayan los Royal Marines con su dron Malloy.
El caso español: Indra y Minsait
Indra ha sido durante dos décadas la referencia española en sistemas de mando y control, con presencia en programas aliados y en la digitalización de las Fuerzas Armadas. Su incursión en la defensa algorítmica se apoya en la pata tecnológica del grupo, Minsait, y en una cartera de contratos públicos que le otorga visibilidad, aunque también la expone a una dependencia estructural del ciclo presupuestario estatal.
El punto débil que atenaza a Indra es compartido por buena parte del sector cotizado en el IBEX 35: una exposición a decisiones presupuestarias que se toman fuera de España, una escala inferior a la de competidores europeos como Thales o Leonardo, y una cuenta de resultados en la que la defensa convive con negocios de menor margen. La compañía compite por lotes industriales de integración, no por definir el modelo fundacional que gobierna esos sistemas.
El primer hito verificable no está en Bruselas ni en Madrid, sino en la propia sede de la ONU en Nueva York. El mandato de Guterres expira el 31 de diciembre, y si los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no logran acordar su sucesión, la organización afrontará el arranque de 2027 con el relevo sin resolver en su cargo de mayor peso simbólico, justo cuando reclama mayor coordinación multilateral frente a los riesgos de la inteligencia artificial militar.