La investigación arrancó con actuaciones de los dos acusados relacionadas con personas llegadas a Kos que buscaban acceder al procedimiento de asilo. La acusación sostiene que Dimitras y Olsen habrían suministrado a las autoridades griegas datos sobre los recién llegados —nombres, nacionalidades y localización— en un esquema que, a su juicio, sirvió para facilitar su acceso al territorio y su permanencia, más allá de la labor de monitorización que ambas organizaciones reivindican.
El procedimiento contempla tres cargos: creación y participación en una organización criminal, facilitación de la entrada ilegal de nacionales de terceros países y facilitación de su estancia irregular. La causa se inscribe en la presión sobre las rutas del Egeo desde la crisis migratoria de 2015-2016, cuando Grecia se convirtió en la principal puerta de entrada marítima a la Unión Europea, con cerca de un millón de llegadas ese año según los registros de ACNUR.
Dimitras es fundador y representante del Greek Helsinki Monitor (GHM), que desde hace décadas documenta supuestas vulneraciones de derechos humanos en Grecia. Olsen, de nacionalidad noruega, fundó en 2017 Aegean Boat Report, dedicada a monitorizar las llegadas de embarcaciones a las islas griegas, una plataforma convertida en referencia para el seguimiento de las rutas del Egeo oriental.
El Greek Helsinki Monitor y Open Society
El caso incide con particular intensidad sobre el GHM. La organización reconoció en su día entre sus patrocinadores al Open Society Institute, una de las estructuras creadas por el multimillonario estadounidense George Soros y posteriormente integrada en Open Society Foundations. La relación no se limitó a esa mención: documentos posteriores acreditan una colaboración sostenida entre el GHM y Open Society Justice Initiative, el brazo jurídico de la fundación.
El propio GHM publicó que en 2017 Open Society Justice Initiative desarrolló, dentro de la red europea Justicia, una investigación sobre las diferencias étnicas, raciales o nacionales en los sistemas de justicia penal europeos, en la que participó Dimitras. La financiación filantrópica de organizaciones de vigilancia migratoria ha sido objeto de escrutinio político en varios países europeos, sin que exista en la Unión un marco normativo común que regule la transparencia de estos fondos para entidades de derechos humanos.
La negativa noruega a extraditar a Olsen
El proceso adquirió dimensión internacional por la situación de Olsen. Fue detenido en marzo después de que Grecia emitiera una orden europea de detención, pero las autoridades judiciales noruegas rechazaron después su extradición al considerar que las conductas imputadas no constituían delito conforme a su legislación nacional y que la entrega podía afectar a su libertad de expresión.
Ese rechazo situó el caso en un debate sobre el alcance de la orden de detención europea cuando los sistemas penales de los Estados discrepan sobre la tipificación de los hechos. La euroorden, en vigor desde 2004, permite a un Estado denegar la entrega cuando el hecho no es delito en su propio ordenamiento, el principio de doble incriminación que invocó la justicia noruega. Noruega, país del Espacio Económico Europeo, está vinculada a la UE por acuerdos de cooperación judicial.
Pese a la negativa, Grecia mantuvo abierto el procedimiento y fijó el juicio para este martes en Rodas, donde Olsen será juzgado aunque no haya sido entregado por su país. Dimitras permanece en Grecia desde 2023 sometido a medidas cautelares que incluyen la prohibición de abandonar el país, comparecencias periódicas ante la Policía y una fianza de 10.000 euros.
Olsen niega los cargos y sostiene que su actividad con Aegean Boat Report se ha limitado a documentar las llegadas de embarcaciones a las islas griegas. Dimitras defiende que la labor del GHM se ha ceñido a documentar vulneraciones de derechos humanos, sin que ello implique participación en estructuras de facilitación de la inmigración irregular.
El litigio se enmarca en procesos judiciales abiertos en varios países mediterráneos contra organizaciones de rescate y asistencia migratoria. En Italia, tripulaciones de barcos de rescate han afrontado causas por delitos análogos en la última década. Grecia, que gestiona una de las fronteras exteriores más expuestas de la Unión, ha endurecido su marco legal frente a las organizaciones que operan en sus islas del Egeo, un giro cuestionado por organismos de derechos humanos ante instancias europeas.
El caso de Rodas comparte así perfil con otros episodios recientes en la frontera griega, como la reciente fuga masiva de inmigrantes de un centro de internamiento, que han tensionado la gestión de las islas y el debate sobre el papel de las ONG sobre el terreno.
El desenlace podría fijar un criterio sobre el tratamiento judicial de las entidades de monitorización migratoria financiadas por fundaciones internacionales. La vista está fijada para el 6 de octubre en la isla de Rodas, donde los dos acusados afrontan penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.
