El cerco sobre el margen de maniobra del Ejecutivo se estrechó por dos vías simultáneas. La Audiencia Nacional frenó de manera cautelar la utilización del puerto de Ceuta como campamento tras la denuncia de un sindicato policial, justo cuando el Gobierno ultimaba el traslado de casi 2.000 personas para descongestionar las playas de la ciudad autónoma. En el mismo tramo de semana, el PP votó a favor de una iniciativa de Vox en el Congreso que se opone a que los menores lleguen a la Península.
El detalle de la vía judicial cambia el marco del debate: la denuncia que paralizó el campamento procede de un sindicato policial, no de una ONG ni de un partido. Quienes tendrían que gestionar sobre el terreno un dispositivo improvisado en el puerto son, precisamente, quienes lo han llevado a los tribunales, lo que resta fuerza al argumento de la contundencia en la frontera.
La categoría jurídica de menor no acompañado activa en el ordenamiento español los protocolos de protección de la infancia, que atribuyen la tutela a las comunidades autónomas. El sistema previsto para repartir esa carga entre territorios choca ahora con el rechazo público de la principal fuerza de la oposición, que este martes en el Congreso respaldó la iniciativa de la extrema derecha contra los traslados y este miércoles cerró la puerta a cualquier realojo, temporal o no.
El resultado deja al Ejecutivo sin sus dos vías de descongestión: no puede usar el puerto mientras persista la cautelar de la Audiencia Nacional, y el reparto entre comunidades tropieza con la negativa que el PP ha hecho pública. La coincidencia en el tiempo de ambos obstáculos no requiere lectura conspirativa: la crisis se arrastra desde hace meses y ha desembocado esta semana en dos frentes a la vez.
La frontera sur ya ocupó el análisis de este medio sobre la palabra dada en la gestión migratoria, y la semana confirma la brecha entre lo que se promete, lo que se ejecuta y lo que permite el marco legal. Por ese hueco quedan atrapados los menores de Ceuta, sin puerto y sin traslado autorizado a la Península.
Los precedentes de saturación en Ceuta y Melilla se repiten desde hace décadas, con episodios agudos como la entrada masiva de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron a nado hacia la ciudad autónoma y buena parte de los menores fueron después objeto de repatriaciones que los tribunales frenaron por vulnerar garantías. El patrón vuelve ahora: una llegada que desborda los recursos locales y una respuesta política enredada en el reparto de responsabilidades.
La posición del PP consolida su alineamiento con Vox en materia migratoria: mismo voto, mismo día, mismo Congreso, según reflejó el respaldo a la iniciativa de la extrema derecha. El Gobierno, por su parte, mantenía los preparativos para el traslado portuario que la Audiencia Nacional ha dejado en suspenso hasta resolver el fondo del recurso presentado por el sindicato policial.
