Conviene fijarse en el verbo que usan desde Junts: no dicen que vayan a votar en contra, dicen que sienten "decepción". Es el idioma de quien todavía negocia pero quiere que se note el dolor, un desamor administrativo que deja la puerta entreabierta por si el Gobierno mueve ficha en las próximas horas. El voto en contra, admite el propio partido, no es definitivo, pero la negociación se ha enmarañado.
El fondo del desacuerdo no es menor. Junts sostiene que el redactado actual no impide que los fondos buitre sigan comprando vivienda: a la pregunta de si se veta esa compra, la respuesta del partido es "clarísimamente no". Si la frase se sostiene, el Gobierno habría aprobado una norma presentada como freno a la especulación que, según su propio socio, no frena nada.
La otra línea roja afecta a los pequeños propietarios, que en el ideario de Junts ocupan un lugar casi sentimental: el jubilado que alquila el piso heredado frente al fondo de inversión. Según el partido, el texto actual no hace esa distinción con la precisión suficiente y deja desprotegido a ese colectivo, y eso pesa tanto o más que la cuestión de los fondos buitre.
"Decepción", resumen fuentes de Junts per Catalunya sobre el contenido de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros.
Mientras tanto, el Gobierno negocia en paralelo con sus socios de izquierda, que presionan a Podemos para que acepte los decretos como punto de partida, no como punto de llegada. Es la fórmula habitual cuando a una mayoría le faltan votos: convertir la insuficiencia en promesa de reforma futura, confiando en que nadie haga cuentas sobre cuántas veces se ha usado ya ese recurso en esta legislatura.
Los decretos llegaron además con una urgencia añadida: rebajar la indignación ciudadana que ha propiciado el caso de Maricarmen Abascal, convertido en símbolo de un mercado de la vivienda de precios disparados que expulsa a quien no puede pagarlo. Aprobar una norma bajo esa presión y verla tambalearse cuatro días después por falta de apoyos no mejora la fotografía del Ejecutivo.
El cálculo de Junts se complica, sin embargo, por la fecha que tiene encima: la ley de amnistía debe recibir luz verde definitiva apenas cuatro días después de la votación de los decretos, un trámite que condiciona el eventual regreso de Carles Puigdemont. Un portazo a Sánchez en materia de vivienda no sale gratis cuando la pieza más sensible de la negociación con el independentismo está a punto de cerrarse en sentido contrario.
Esa tensión entre dos calendarios que no debían tocarse —el de la vivienda y el de la amnistía— convierte esta semana en un examen de aritmética parlamentaria con poco margen. No es la primera vez que un expediente se negocia con la vista puesta en otro distinto: ya ocurrió con la política territorial y migratoria, como recordaba la columna sobre el PP y la ley de rechazo en frontera.
Ni sí ni no, sino el último minuto
Lo revelador es que nadie en Junts ha dicho todavía que vaya a votar en contra. La "decepción" se pronuncia, se difunde, se deja flotar como advertencia, pero el voto definitivo se reserva para el último minuto, cuando el valor de la amenaza es máximo y el margen del Gobierno, mínimo. Es una coreografía que esta legislatura ha repetido tantas veces que casi ha dejado de sorprender, aunque cada repetición erosiona un poco más la credibilidad de que algún decreto se apruebe sin una ronda previa de genuflexiones.
