Y sigamos concediendo, porque la razón, cuando es de verdad, aguanta que se la siga hasta el final. La parte demandante estaba disconforme con la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. Estaba en su derecho. Interpuso, no uno, sino dos recursos: uno extraordinario por infracción procesal, para cuestionar la forma, y otro de casación, para discutir el fondo. Dos puertas distintas, dos llaves distintas, ambas legítimas. El Tribunal Supremo, último escalón del orden civil, contra cuya resolución no cabe ya recurso ordinario alguno, las cerró las dos de una vez. Impecable. Nadie puede decir que no se le escuchó.
Aceptemos también la segunda premisa: que el asunto lo merecía. La horchata de chufa no es cualquier cosa. Es uno de los productos más consumidos en la Comunidad Valenciana, cuenta con la denominación de origen protegida Chufa de Valencia, y está ligada históricamente al cultivo de l'Horta Nord, con Alboraia como referencia. Un producto así, con siglos de tierra detrás y una etiqueta que exige trazabilidad, bien vale que se movilice la Ley de Enjuiciamiento Civil en toda su extensión. Si hay que blindar algo, blíndese la chufa. Aceptado.
Aceptemos la tercera. El recurso extraordinario por infracción procesal examina los defectos de forma; el de casación, la correcta aplicación de la norma sustantiva. Son, nos dicen, los dos instrumentos que la ley reserva para revisar ante el Supremo las sentencias de segunda instancia. Es decir: la maquinaria más pesada del orden civil, la que corona la pirámide entera de los tribunales, la que solo debería moverse cuando lo que está en juego lo justifica. Y se movió. Para esto. Sigamos.
Aceptemos la cuarta, que es la más generosa de todas. El fallo, se nos explica, se enmarca en una serie de pleitos mercantiles en los que grandes cadenas de distribución han defendido ante distintas instancias la conformidad de sus productos. No es un caso: es una serie. Un género. Un procedimiento que atravesó la vía civil ordinaria, la apelación ante la Audiencia de Valencia y la casación ante el Supremo, tres estaciones completas del viaje judicial, para llegar a la conclusión de que la información que figuraba en los envases se ajustaba a la regulación aplicable. Tres tribunales, dos recursos, un vaso de horchata. Concedido todo.
Escribió Larra, que de trámites españoles sabía lo suyo, aquello de «vuelva usted mañana», retrato de un país donde el ciudadano corriente envejecía en la antesala de una ventanilla. Pues bien: la horchata no ha tenido que volver mañana. La horchata ha subido, con paso firme y sin esperar en ninguna cola, por la escalera entera de la justicia civil hasta el último peldaño, el que no admite recurso. La chufa de Alboraia ha llegado adonde no llega el vecino que reclama una gotera. Y ha llegado deprisa, con dos recursos a la vez, atendida por el tribunal que corona el sistema. Enhorabuena a la chufa.
Y aquí es donde el razonamiento, que hemos aceptado punto por punto, revienta solo, sin que tengamos que empujarlo. Porque si la maquinaria más pesada del orden civil se pone en marcha, entera, para certificar que una etiqueta estaba bien puesta, entonces una de dos: o la etiqueta era un asunto de Estado, o el que puede recorrer los tres escalones hasta el final no es cualquiera. Y usted sabe la respuesta, porque usted no ha subido nunca por esa escalera. Usted se quedó en el primero, esperando a que un juzgado de primera instancia le dijera dentro de año y medio que su lavadora, en efecto, no lavaba. El club que puede llegar al último peldaño y el que paga la entrada del edificio no son el mismo, y la horchata acaba de demostrarlo con sentencia firme.
Fíjese en el detalle que la propia crónica desliza, como quien no quiere la cosa, al final: mientras el Supremo blindaba una etiqueta, la Audiencia de Madrid archivaba la denuncia de Sánchez y el PSOE contra HazteOir por la lona. Dos velocidades, dos pesos, dos puertas. A unos se les cierra la vía; a otros se les archiva el disgusto. La justicia, esa que en el papel es igual para todos, resulta ser exquisitamente distinta según quién llame y con qué producto debajo del brazo. No es que funcione mal: funciona perfectamente. El problema es para quién funciona a pleno rendimiento y a quién le toca el «vuelva usted mañana». La ley es la misma; el acceso a los tres escalones, no.
De modo que la pregunta no es si la etiqueta estaba bien puesta, que lo estaba, ni si el Supremo acertó, que aplicó la norma. La pregunta es otra, y queda colgada: la próxima vez que usted, sin denominación de origen ni serie de pleitos mercantiles detrás, quiera subir los tres escalones enteros del orden civil hasta el peldaño donde ya no cabe recurso, ¿quién le habrá guardado el sitio en la escalera que ha recorrido la horchata?
