Tienen razón en lo esencial: el acuerdo condicionaba la segunda fase, esos 8,3 días adicionales, a la evolución de los acontecimientos. No era una obligación automática, era una autorización. El titular del ministerio podía activarla o no según cómo se comportara la crisis. Le dieron un interruptor, no una orden. Concedámoslo: quien recibe un interruptor tiene, por definición, el derecho de no pulsarlo. Hasta aquí, impecable.
Aceptemos también la segunda premisa. Si el ministerio no pulsó el interruptor, será porque los acontecimientos no lo pedían. La liberación de reservas se diseña para disrupciones graves del suministro, para precios disparados, para el momento en que el surtidor se convierte en un problema de Estado. Si el Gobierno, que dispone de toda la información, decidió mantener inmovilizado el 67,5% de lo prometido, habrá que suponer que el escenario era plácido. Un mercado tranquilo, un gasóleo asequible, una coyuntura que no justificaba tocar nada. Concedámoslo.
Y concedamos la tercera, que es la más generosa. Reducir la obligación de existencias alivia una carga que, según la propia normativa que traspone las directivas europeas de 2009, recae sobre los operadores petrolíferos y que estos repercuten en el precio del surtidor. Es decir: no activar la segunda fase mantiene esa carga. La mantiene sobre los operadores, que la trasladan, y sobre usted, que reposta. Si el ministerio decidió conservar ese coste en la estructura del precio, será porque había una razón superior para que usted lo pagara. Aceptémoslo. El Gobierno sabrá.
Solo queda un detalle, y aquí la lógica empieza a hacer un ruido extraño. Los autores del informe sostienen que la evolución de los acontecimientos entre marzo y agosto de 2026 incluyó los precios del gasóleo más elevados de toda la serie histórica que recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y sucesivos paquetes fiscales de urgencia que el propio Ejecutivo aprobó para abaratar el carburante. Traducido: el escenario que el ministerio consideró demasiado plácido para pulsar el interruptor era, al mismo tiempo, tan grave que obligaba a legislar de urgencia contra el mismo problema que el interruptor resolvía. El Gobierno declaró la emergencia por la ventana y la ignoró por el interruptor. Con el mismo carburante. En las mismas semanas.
Escribió Larra que en España escribir es llorar, y que lo peor no es que las cosas se hagan mal, sino que se hagan sin que nadie explique nada. Aquí ni siquiera hay un mal escrito que corregir: hay un silencio. El informe subraya que no ha localizado ni una comparecencia parlamentaria, ni una respuesta escrita, ni una nota de prensa, ni comunicación de tipo alguno que aclare por qué no se activaron los 8,3 días autorizados. Nada. El ministerio anunció doce coma tres días ante la Agencia Internacional de la Energía y ante los ciudadanos, ejecutó cuatro, y sobre los ocho que faltan no ha dicho una sílaba. Larra, que buscaba en un cementerio los organismos vivos del Estado, habría encontrado aquí un tanque lleno y un expediente vacío.
Sigamos, entonces, la conclusión que sale sola de las premisas que hemos aceptado una por una. Si activar la segunda fase habría abaratado el carburante, y no se activó, y el carburante alcanzó su precio más alto de la serie, entonces el Gobierno eligió, con pleno uso del interruptor que le dieron, que usted pagara la diferencia. No por error: por decisión. El coste recurrente de financiar y almacenar ese excedente inmovilizado se estima entre 79 y 215 millones de euros anuales, con un escenario central de 130. Ese dinero, según el propio informe, forma parte de la estructura del precio y acaba trasladándose al consumidor final. Es decir a usted. Y hasta 1.100 millones de capital siguen inmovilizados en los tanques de los operadores, quietos, mientras a seis días del acuerdo Italia ejecutaba su contribución íntegra por decreto. Seis días. España lleva desde marzo pensándoselo.
Y aquí revienta lo único que quedaba en pie. Porque el argumento oficial exige creer dos cosas incompatibles a la vez: que la crisis no era lo bastante seria para liberar reservas, y que era lo bastante seria para aprobar paquetes fiscales de urgencia. Ambas no pueden ser verdad. O el ministerio se equivocó al no activar, o se equivocó al legislar de emergencia. En cualquiera de los dos casos hay una factura, y esa factura la firmaron, según el documento, los operadores, los contribuyentes y los consumidores finales. Los tres son usted, por distintas vías. España tiene reservas estratégicas desde 1974, participó en la Guerra del Golfo, en el Katrina, en Libia. Sabe hacerlo. Esta vez hizo un tercio y guardó silencio sobre los otros dos. Como en aquella escena que todos recordamos: el Estado dice que va a mover un dedo, y luego no lo mueve, y confía en que nadie mire el tanque.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha ofrecido explicación pública alguna, ni sobre los motivos ni sobre las conclusiones del informe. El acuerdo puso el interruptor en manos del titular de esa cartera y en ninguna otra. Los 8,3 días siguen sin activarse, los tanques siguen llenos, el surtidor sigue subiendo y el expediente sigue vacío. Solo falta una firma en la parte de abajo, la de quien decidió no pulsar y no explicar por qué. La pregunta, entonces, no es retórica y tiene una respuesta con nombre y apellidos que hoy nadie pronuncia: ¿quién, en ese ministerio, decidió que usted pagara los ocho días que España prometió y no dio?
