La Abogacía del Estado se había opuesto a esa ampliación al considerar que suspender también el voto de los hijos de los nacionalizados pondría en riesgo los trámites legales previstos para la jornada electoral y podría llegar a condicionar el propio escrutinio. El argumento del Gobierno pesó en la resolución del alto tribunal, que ha fundamentado su negativa en la falta de margen temporal para ejecutar un cambio de tal calado sin modificar el proceso ya en marcha.
Los jueces coinciden con la Abogacía del Estado en que el tiempo restante hasta los comicios resulta insuficiente para introducir una modificación de este alcance. El tribunal considera demasiado "breve" el "lapso temporal" que queda hasta los comicios, por lo que opta por no ampliar la suspensión del voto a este nuevo colectivo, formado por los descendientes de quienes ya obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
La distinción jurídica resulta clave: los nacionalizados como descendientes directos del exilio y la emigración vieron suspendido su derecho al sufragio en septiembre por una resolución previa del Supremo, mientras que sus hijos obtuvieron la nacionalidad española por un apartado distinto de la misma ley, uno que no quedó afectado por aquella primera suspensión cautelar. Esa diferencia normativa ha sido determinante para que el tribunal rechace ahora homogeneizar el tratamiento de ambos grupos a las puertas de la cita electoral.
Indicios sobre el censo exterior
Pese a negarse a ampliar la suspensión, el Supremo no ha cerrado la puerta a sus sospechas sobre el proceso de nacionalización. En otra resolución notificada este mismo lunes, los magistrados insisten en que los últimos datos aportados por el Gobierno acrecientan los indicios de presuntas irregularidades en la configuración del censo de españoles en el extranjero, un extremo que mantiene abierta la instrucción judicial sobre el proceso, aunque sin trasladarse, de momento, a una nueva restricción del derecho al voto.
"Los últimos datos aportados por el Gobierno acrecientan los indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración" del censo de españoles en el extranjero, señala el Tribunal Supremo en su resolución de este lunes.
Esta dualidad —mantener la suspensión original para los nacionalizados directos pero no extenderla a sus hijos, al tiempo que se refuerzan las sospechas sobre el censo— refleja la tensión entre dos principios que el tribunal ha tratado de equilibrar: la garantía de un proceso electoral sin irregularidades y la seguridad jurídica necesaria para no alterar el calendario de una convocatoria ya en marcha.
El Ejecutivo había advertido semanas antes de que ampliar la suspensión del voto condicionaría el escrutinio del 29-N, en un escrito presentado ante el propio tribunal en el que la Abogacía del Estado detallaba los riesgos logísticos de modificar sobre la marcha los listados electorales y los trámites consulares ya iniciados en embajadas y consulados de todo el mundo, incluidos los de países con amplia presencia de comunidades españolas como México.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió la vía a la nacionalización de descendientes de españoles que emigraron o se exiliaron, principalmente durante la dictadura franquista y los años posteriores a la Guerra Civil, así como a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por esa vía, conocida popularmente como ley de nietos. El goteo de solicitudes ha sido especialmente intenso en países como Argentina, Cuba y México, donde las oficinas consulares han gestionado volúmenes de trámites muy superiores a los previstos, un fenómeno que conecta con historias de arraigo como las de los descendientes de canarios y malagueños en Luisiana, que reivindican también sus raíces españolas desde el otro lado del Atlántico.
La suspensión cautelar original, decretada en septiembre, afectó a más de 163.000 personas nacionalizadas como descendientes directos del exilio y la emigración, un volumen de votantes potenciales que había generado inquietud entre los partidos sobre su posible impacto en el resultado de unos comicios generales que se presentan ajustados. La petición de Vox e Iustitia Europa de extender esa suspensión a los hijos de ese colectivo habría ampliado considerablemente el número de electores excluidos del proceso.
La resolución de este lunes no cierra el litigio sobre el censo exterior, que continúa bajo la lupa del Supremo. Los magistrados han dejado constancia expresa de que los indicios de irregularidad en la configuración del padrón de españoles en el extranjero persisten y se han visto reforzados por la documentación remitida recientemente por el Gobierno, lo que anticipa que la instrucción sobre las condiciones en que se ha tramitado el proceso de nacionalización podría prolongarse más allá de la jornada electoral del 29 de noviembre.
El marco procesal en el que se inscribe esta decisión es el de las medidas cautelares dentro de un procedimiento contencioso-administrativo: el Supremo valora el equilibrio entre la apariencia de buen derecho y los perjuicios que una suspensión acarrearía, y en este caso ha dado prevalencia a la seguridad jurídica del calendario electoral frente a la ampliación solicitada por los recurrentes, sin prejuzgar el fondo del asunto que sigue bajo instrucción.
Con esta decisión, el mapa del censo exterior para el 29-N queda definido: los nacionalizados directos por la ley de nietos mantienen su voto suspendido desde septiembre, mientras que sus hijos sí podrán ejercer el sufragio pese a haber obtenido la nacionalidad por la misma norma de memoria democrática. La convivencia de ambos regímenes, sostenida por el Supremo sobre la base del escaso margen temporal disponible, quedará sujeta al desarrollo de la instrucción judicial sobre las irregularidades detectadas en el proceso.
