La fiscal anticorrupción Gabriela Labastida aseguró en la audiencia, iniciada a las 4:30 de la tarde, que los tres imputados formaron parte de la comisión evaluadora que aprobó la instalación de un sistema destinado a respaldar los equipos informáticos del Estado en caso de desastre, pero que nunca fue utilizado. El contrato se adjudicó a ABN Network, y el sistema no fue empleado por las entidades públicas por la falta de un estudio previo de factibilidad, por lo que, según la fiscal, el dinero invertido por el Estado se perdió.
El verbo que describe el caso es evaluar. Evaluar implica comprobar; aprobar implica que algo pasó esa comprobación. Lo que expone la Fiscalía es una evaluación que aprobó sin estudio de factibilidad, un gasto que la propia investigación califica de pérdida.
La jueza Morelos impuso impedimento de salida del país a Karen Ortega, exdirectora de Gobierno Digital de la AIG. También aplicó la misma medida, junto con la obligación de notificarse los días 30 de cada mes, a Mario Gálvez, funcionario de la entidad, y a Raúl Villalaz, exfuncionario. Son medidas cautelares, no condenas, y conviene recordarlo con la misma frialdad con que se recuerda que el refrendo de un contrato por el contralor no es garantía de que el gasto haya tenido sentido: es garantía de que cumplió el trámite.
La investigación nació de una auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en la adquisición del Sistema de Planificación de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres. Según lo publicado el 27 de octubre, las pesquisas determinaron que la compra se realizó sin cumplir las especificaciones técnicas que requerían las instituciones destinatarias. El Estado compró, en los términos del expediente, un producto que ninguna entidad pudo usar.
La propia jueza Morelos planteó desde el estrado que es necesario que la Fiscalía determine quiénes fueron los responsables de la pérdida de fondos estatales que debieron ser bien utilizados. Es el nudo recurrente de la contratación pública panameña: el problema rara vez es la ausencia de controles sobre el papel —comisiones evaluadoras, refrendo, auditorías— sino la distancia entre ese andamiaje y lo que ocurre con el dinero.
El patrón no es nuevo. En 2016, el caso de la empresa Blue Apple, destapado por la Fiscalía, expuso un esquema de sobornos en la contratación estatal que involucró decenas de contratos públicos y abrió una de las investigaciones de corrupción administrativa más extensas del país. Entonces, como ahora, la maquinaria formal de control convivió con decisiones que la vaciaron de contenido.
Casi un millón de dólares es una cifra modesta frente al Presupuesto General del Estado, pero no lo es frente a lo que ese monto pudo haber comprado en infraestructura que sí se usa. El costo de oportunidad de un sistema apagado en un cuarto de servidores no se mide solo en la cuenta de ABN Network, sino en lo que no se hizo con ese presupuesto mientras el expediente registraba que el equipo había sido aprobado. La discusión sobre contratos que se firman y no sirven atraviesa también otros episodios recientes, como la objeción de Mulino al proyecto 594.
El sistema de recuperación de desastres de la AIG nunca recuperó nada porque, según la Fiscalía, nunca llegó a operar. De los $964,620 investigados queda, de momento, una constancia judicial: tres imputados con impedimento de salida del país y una audiencia que empezó a las 4:30 de la tarde con la pregunta de la jueza sobre quién respondió por la pérdida.
