El dirigente sindical replicó así a las críticas lanzadas desde sectores empresariales, que cuestionaron el momento elegido para la convocatoria y lo vincularon a un calendario político próximo. Álvarez sostuvo que la movilización responde a reivindicaciones laborales acumuladas y no a un cálculo electoral.
"La CEOE ha coaccionado a mucha gente con sus acusaciones sobre la convocatoria de huelga ilegal", declaró Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
La calificación de ilegal aplicada a una huelga tiene en España un recorrido jurídico preciso: solo la autoridad laboral o los tribunales pueden declarar la ilegalidad de un paro, conforme al Real Decreto-Ley 17/1977, que sigue regulando el derecho de huelga a falta de una ley orgánica posterior. Las calificaciones informales de organizaciones empresariales carecen de efectos jurídicos directos, aunque pueden influir en la decisión de los trabajadores de secundar o no la convocatoria.
El pulso entre sindicatos y patronal por la legitimidad de una convocatoria tiene precedentes. En las huelgas generales de 2012, durante los recortes del primer Gobierno de Mariano Rajoy, la CEOE también cuestionó públicamente la oportunidad de las movilizaciones en plena crisis económica. La tensión actual se produce en un escenario de encarecimiento sostenido de la vivienda, uno de los ejes que el sindicato sitúa en el centro de su movilización.
Álvarez planteó la necesidad de un pacto de Estado por la vivienda que involucre a administraciones, sindicatos y patronal, en línea con las demandas que UGT viene formulando ante el encarecimiento del alquiler y la dificultad de acceso a la compra para los trabajadores con salarios medios y bajos. El dirigente situó esta reivindicación como uno de los ejes centrales de la convocatoria, junto a las condiciones salariales y laborales en sectores concretos.
El secretario general advirtió también de que un eventual Gobierno de coalición entre PP y Vox derivaría en un aumento de la conflictividad laboral, en referencia a las políticas laborales que ambas formaciones han defendido en foros parlamentarios. Sus palabras se inscriben en un debate más amplio sobre el modelo de relaciones laborales, un terreno en el que la agenda sindical convive con las cautelas del propio Ejecutivo sobre otros frentes económicos, como cuando Escrivá advirtió de que los mercados pueden empezar a dudar sobre la deuda pública.
Con la vivienda y las condiciones salariales como prioridades, Álvarez reiteró que la convocatoria responde a reivindicaciones laborales y no a un calendario político, y emplazó a la patronal y al Gobierno a abrir una negociación sobre el acceso a la vivienda.
