La discusión dejó al menos 15 modificaciones presentadas por distintas bancadas que serán sometidas a votación cuando el pleno agote el debate. En la primera vuelta de intervenciones hablaron 47 diputados; para la segunda ronda se habían anotado al menos 16 al momento del receso. Buena parte de esos discursos, con dos vueltas de hasta media hora por diputado, se dieron ante curules vacías, con legisladores que entraban y salían del hemiciclo.
Entre las enmiendas más comentadas figura la impulsada por Benicio Robinson, del PRD, junto a Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, con respaldo de varios aliados, que ampliaría la lista de entidades autorizadas a comprar sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas. Robinson defendió la propuesta como un mecanismo de auxilio para instituciones que atraviesan crisis financieras, mientras la diputada Janine Prado, de Vamos, la cuestionó con dureza en la sesión del miércoles por la noche. La bancada Vamos presentó, además, iniciativas orientadas a mayor transparencia en las contrataciones especiales y a regular viáticos y consultorías, en línea con el pulso que ya había marcado en el choque de bancadas que suspendió el segundo debate de las reformas al Código Electoral.
El reclamo por la planilla estatal
José Pérez Barboni, de Seguimos, reprochó que no se acogiera su propuesta de eliminar las partidas destinadas a publicidad, viáticos y la rehabilitación de la villa diplomática, y cuestionó el crecimiento de la planilla estatal. Chapman admitió un aumento del 2%, equivalente a unas 5,527 personas según datos de la Contraloría General a agosto, pero sostuvo que "por primera vez en 15 años" el Estado dejó de ser el principal empleador del país.
Ernesto Cedeño, también de Seguimos, preguntó si se habían recortado los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a asignarles el 2% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. El ministro respondió que todas las instituciones pidieron más recursos de los que el país tiene disponibles. La exigencia de un presupuesto medido por resultados que llegue a las comunidades vulnerables atravesó las intervenciones de varias bancadas.
Viajes oficiales y viáticos bajo la lupa
Roberto Zúñiga, de Vamos, exigió transparencia en los viajes oficiales de altos funcionarios.
"Parece que se les olvida que esos viajes se pagan con recursos de todos los panameños", reclamó Roberto Zúñiga, diputado de la bancada Vamos.
Su copartidaria Alexandra Brenes preguntó cuántos viajes y viáticos han realizado los funcionarios de alta jerarquía del Gobierno desde 2024. Chapman reconoció no tener la cifra a mano, pero aseguró que ese rubro representa "una fracción de 1%" del presupuesto anual y defendió su necesidad para promover al país ante inversionistas y calificadoras de riesgo. Afirmó que el ahorro sería mínimo aun si se recortara casi en 90%: "El impacto en el presupuesto sería prácticamente nulo".
Grace Hernández, de Molirena, reprochó al ministro no haber acudido a la Asamblea cuando fue citado para opinar sobre un proyecto que buscaba aumentar la pensión de jubilados que reciben menos de $600 mensuales. "Hay un despilfarro enorme y a usted le toca dar la cara", le dijo. Jorge González, jefe de bancada de Vamos, cuestionó la ejecución del presupuesto vial del Ministerio de Obras Públicas, mientras su copartidario Jorge Isaac Bloise contrastó los $10 millones asignados al Instituto de Mercadeo Agropecuario frente a los $4 millones destinados a la Senacyt.
El proyecto de ley 644 asigna $12,839.7 millones a inversión, el 36.6% del total, y $22,272 millones a funcionamiento, el 63.4% restante. El pago de la deuda baja 30.8%, hasta $5,496.1 millones, en un presupuesto que crece apenas 0.6% respecto al de este año. Chapman sostuvo que el texto recoge el 94% de las recomendaciones formuladas en la Comisión de Presupuesto durante el primer debate, instancia que antecedió a la sesión permanente que ya debate el presupuesto 2027 de $35,111.7 millones.
