La audiencia, iniciada a las 2:00 p. m. del martes, giró en torno a los señalamientos que vinculan a Salgado con una red que, según la fiscalía, se habría apropiado de créditos fiscales mediante la alteración del sistema tributario digital. El coimputado Carlos Ferguson declaró haber entregado $50 mil a Salgado a cambio de ayuda para gestionar el cobro de esos créditos, mientras que las coimputadas Rina Arza y Karen Pittí lo identificaron como el contacto dentro del banco que aceleraba los trámites.
Los magistrados también valoraron la declaración del director de Seguridad Corporativa del BAC, quien informó a la fiscalía que Salgado había borrado 36 correos de su bandeja. Según la investigación, esos mensajes correspondían a comunicaciones con personas que gestionaban el cobro de los créditos fiscales a nombre de sociedades como Master Eco Green, Bonay International Investment, Bonay International Holding y Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A.
El fiscal Emeldo Márquez sostuvo ante el tribunal que la eliminación de esos correos demuestra que persiste el riesgo procesal de destrucción de evidencia, argumento que los magistrados acogieron para mantener a Salgado bajo detención provisional. El mismo informe del jefe de Seguridad Corporativa del BAC, entregado a la fiscalía, precisó que se intenta recuperar el contenido de los mensajes borrados para conocer su alcance.
Márquez adelantó que este jueves se celebrará una nueva audiencia ante un juez de garantías, en la que solicitará que se declare compleja la causa, figura que le permitiría contar con más tiempo para ubicar pruebas adicionales y a otras personas implicadas en la operación Pandora.
Salgado, que no estuvo presente en la audiencia del martes, se desempeñó como vicepresidente de Finanzas del BAC hasta el 2 de septiembre. Fue detenido a principios de octubre como parte de la operación Pandora, iniciada en julio, en la que hasta el momento hay 22 personas imputadas por delitos de delincuencia organizada, falsificación de documentos, corrupción y blanqueo de capitales.
Según la investigación, la presunta red criminal habría ocasionado un perjuicio económico de $40 millones mediante la manipulación del sistema e-Tax 2.0. El BAC, que habría adquirido la mayoría de los créditos fiscales presuntamente manipulados, negó haber participado en el esquema y aseguró que colabora con las autoridades investigadoras.
La operación Pandora se suma a una serie de procesos recientes en los que la actuación de la DGI ha quedado bajo escrutinio judicial: el Tribunal Administrativo Tributario anuló dos liquidaciones de la DGI por notificarlas 26 días tarde. Márquez señaló que restan múltiples diligencias por realizar para determinar el alcance total de las irregularidades detectadas en el sistema tributario digital.
