El hallazgo coincide con una crisis hídrica que ha puesto en tensión el sistema de abastecimiento del área metropolitana, con niveles de embalses por debajo de lo habitual para la época y llamados reiterados de EPM al ahorro voluntario. En ese contexto, el fraude de servicios públicos —conocido coloquialmente como "pirateo"— adquiere una dimensión adicional: no solo representa un perjuicio económico para la empresa, sino una presión extra sobre un recurso que ya escasea. Cada conexión fraudulenta de agua es un consumo no contabilizado ni regulado, lo que dificulta calcular con precisión la demanda real sobre el acueducto metropolitano.
Las conexiones ilegales, según los reportes de la empresa, no se limitarían a usuarios residenciales que buscan evadir el pago de sus facturas, sino que involucrarían estructuras más organizadas dedicadas a derivar el servicio hacia predios comerciales, industriales o asentamientos informales, con cobros paralelos a los verdaderos beneficiarios. Ese esquema explicaría la magnitud de la cifra reportada, muy superior a la que dejaría el fraude doméstico aislado.
Las autoridades judiciales capturaron a las cinco personas señaladas de participar en la operación, en el marco de las labores de control que adelanta la empresa junto con organismos de seguridad. El material disponible no precisa la fase procesal en la que se encuentran ante la Fiscalía General de la Nación ni si la pesquisa se extenderá a otros presuntos responsables dentro de la estructura señalada por EPM.
En el ordenamiento penal colombiano, el fraude a los servicios públicos configura un delito contemplado en el Código Penal, y su judicialización sigue el trámite ordinario previsto en la Ley 906 de 2004: los capturados deben ser puestos a disposición de un juez de control de garantías, que decide sobre la legalidad de la captura y, si la Fiscalía lo solicita, sobre una eventual imputación de cargos. Solo a partir de la audiencia de imputación los señalados adquieren la condición de imputados, y únicamente un fallo judicial en firme podría declarar su responsabilidad penal.
Un fraude reincidente en la periferia urbana
El fraude organizado de servicios públicos no es un fenómeno nuevo en Medellín. EPM ha reportado en años anteriores operativos contra redes dedicadas a la manipulación de medidores y a las conexiones clandestinas, particularmente en zonas de la periferia urbana y en corredores donde confluyen actividades comerciales informales. La reiteración de estos casos ha llevado a la empresa a reforzar sus equipos de verificación técnica.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad encargada de vigilar la prestación de estos servicios en el país, ha señalado en distintos momentos que el fraude representa una de las principales causas de pérdidas no técnicas para las empresas prestadoras, un fenómeno que se replica en otras ciudades con particular intensidad en zonas de alta informalidad urbana.
Las pérdidas por fraude terminan trasladándose, en buena parte, a la estructura tarifaria que pagan los usuarios formales, según ha explicado la propia EPM al justificar sus campañas de detección. La empresa, de naturaleza pública y con el Municipio de Medellín como principal accionista, ha convertido la lucha contra las conexiones ilegales en asunto de gestión prioritaria, dado que las pérdidas no técnicas afectan directamente los excedentes que la compañía transfiere anualmente a las arcas municipales para financiar programas sociales y de infraestructura.
EPM ha intensificado en los últimos meses sus recorridos de verificación en barrios y corredores identificados como puntos críticos, en coordinación con la Policía Nacional, aunque el material disponible no detalla el número total de operativos realizados durante el semestre ni la proporción de las pérdidas atribuible específicamente al fraude de agua frente al de energía.
Otros frentes de control en el país
El episodio se suma a una serie de investigaciones recientes sobre el manejo de recursos públicos y privados en distintas entidades. Mientras EPM enfrenta el fraude de servicios en Medellín, otras pesquisas han puesto la lupa sobre presuntas prácticas de clientelismo en la Cancillería o sobre el manejo de contratos de asesoría en entidades como el Icbf, en el marco de la denuncia según la cual la exdirectora del instituto habría tenido más de 70 asesores.
La empresa mantiene abiertos sus canales de denuncia ciudadana para reportar conexiones fraudulentas, una vía que en semestres anteriores ha resultado clave para identificar puntos críticos en el sistema. El caso de Medellín se convierte así en un nuevo capítulo de la tensión entre pérdidas no técnicas, crisis hídrica y judicialización del fraude a los servicios públicos.
Con las cinco capturas ya efectuadas, el desenlace penal depende ahora de las audiencias ante el juez de control de garantías y de que la Fiscalía formalice la imputación de cargos, condición sin la cual los señalados conservan la presunción de inocencia.
