El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Juan Jaime Martínez, señaló que el país necesita estos equipos para fortalecer operaciones contra estructuras criminales de alto impacto. Según trascendió, la discusión interna gira en torno a si la presencia operativa de los Reaper MQ-9A en territorio colombiano constituye un acuerdo de cooperación militar bilateral —que normalmente se tramita entre las Fuerzas Militares y el Departamento de Defensa estadounidense sin necesidad de aprobación legislativa— o si, por su naturaleza y alcance, debería someterse al control político del Congreso.
La Constitución colombiana establece que el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, así como ciertos acuerdos de defensa con implicaciones de soberanía, requieren el visto bueno del Senado de la República. Esa figura ha sido invocada en debates sobre la presencia de personal militar estadounidense en bases colombianas, un asunto que marcó la política nacional hace más de una década.
En 2010 la Corte Constitucional declaró inexequible el acuerdo de cooperación en defensa suscrito entre Bogotá y Washington en 2009 —que habilitaba el uso de bases militares colombianas por tropas estadounidenses— precisamente por no haberse tramitado como tratado ante el Congreso. Ese fallo fijó el estándar que hoy explica la cautela del Ejecutivo: cualquier figura que involucre presencia física de activos militares extranjeros con capacidad de operación en suelo colombiano puede ser objeto de escrutinio judicial si no se surte el trámite correspondiente ante el Legislativo.
Los drones Reaper, utilizados por el Pentágono en operaciones de vigilancia y ataque de precisión en distintos escenarios, representan una tecnología de mayor sofisticación que buena parte del inventario aéreo no tripulado con el que cuenta actualmente la Fuerza Aérea Colombiana. De ahí que la definición sobre su estatus jurídico no sea un trámite menor para el alto gobierno.
El debate se da en un momento en que el Congreso ha mostrado interés creciente en ejercer control político sobre decisiones de seguridad y defensa del Ejecutivo. En las últimas semanas, la plenaria de la Cámara de Representantes ha sido escenario de tensiones de otro orden, como el episodio registrado durante la votación sobre las Áreas de Protección y Producción Ambiental (Appa), cuando Estrada tomó de la chaqueta a Briceño en la Cámara en medio de la discusión.
Si el Gobierno concluye que la llegada de los drones requiere aval legislativo, el trámite tendría que surtirse mediante un debate en la plenaria del Senado, donde las bancadas podrían exigir explicaciones sobre el alcance operativo de estos equipos, su cadena de mando y los términos del préstamo por parte de Washington. Si, en cambio, se define que se trata de cooperación militar ordinaria, el despliegue podría avanzar bajo la supervisión directa de la Fuerza Aérea sin pasar por el Capitolio.
La definición sobre la ruta jurídica de los Reaper MQ-9A continúa abierta mientras el alto gobierno evalúa internamente el procedimiento aplicable.
