La compañía, que según las autoridades carecía de los conductores que decía emplear, presentaba información falsificada sobre trabajadores y beneficiarios para sustentar solicitudes de reembolso ante programas federales. Entre julio de 2019 y octubre de 2025, el esquema intentó cobrar más de 13 millones de dólares, de los cuales la pareja obtuvo fraudulentamente más de 1,6 millones de dólares, de acuerdo con la evidencia presentada en el juicio. El Departamento de Justicia precisó que entre los supuestos conductores figuraban personas que nunca habían manejado un automóvil.
Los fondos defraudados provenían de programas destinados a población vulnerable en distintos condados: US$529.500 de un programa del condado de Gwinnett, en Georgia; US$429.885 de recursos de transporte del área de Los Ángeles; US$283.000 del condado de Kern, en California, y US$379.149 de la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte.
La revisión de las cuentas bancarias de Pino-Copete y Watts, según el Departamento de Justicia, reveló gastos que contrastaban con el propósito de los recursos públicos recibidos. Más de US$100.000 se destinaron al alquiler de vehículos Porsche y otra cifra superior a US$100.000 se gastó en la marca de lujo Loro Piana, en Manhattan. Las autoridades documentaron, además, un viaje de varios meses por Europa durante 2024.
El fiscal federal adjunto John A. Sarcone resumió ese contraste de forma directa.
"Estos dos acusados cambiaron sus batas de spa toscano por monos naranjas a juego", afirmó John A. Sarcone, fiscal federal adjunto de Estados Unidos.
El fraude incluyó un segundo frente: la pareja afirmaba entregar prótesis dentales gratuitas a personas sin hogar para justificar el cobro de recursos públicos. Según la investigación, las prótesis se fabricaban en su propia vivienda mediante una impresora 3D, y en algunos casos se cobraba directamente a las personas por escanearles la boca y colocarles los aparatos.
El caso comenzó a destaparse a finales de 2024, cuando Watts presentó solicitudes por casi US$750.000 ante el Departamento de Transporte del estado de Nueva York. Las facturas llamaron la atención de la oficina del contralor estatal, que inició una auditoría. Para responder a esa revisión, según el Departamento de Justicia, la pareja elaboró nuevos documentos utilizando identidades de personas reales. La revisión de sus teléfonos permitió a los investigadores reconstruir las conversaciones sobre la fabricación de esa documentación.
"Hay que estar comprometido con este tipo de trabajo… y yo lo estoy", dijo Jael Watts, según conversaciones telefónicas citadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Watts fue detenida en julio de 2025, y a partir de esa detención los investigadores hallaron evidencias que vincularon a Pino-Copete, quien se casó con ella en Colombia en 2023 y se incorporó al esquema en enero de 2024, según la versión oficial estadounidense. El expediente estadounidense se suma a la lista de procesos judiciales con imputados colombianos en el exterior, en un contexto en que la Fiscalía General de la Nación mantiene convenios de cooperación penal con el Departamento de Justicia para el intercambio de pruebas.
Tras varias semanas de juicio, el jurado encontró a ambos culpables de todos los delitos incluidos en la acusación. La sentencia está prevista para el 21 de enero de 2027: enfrentan una pena mínima obligatoria de dos años y una máxima de 20 años, además de multas y una posible restitución de al menos US$1,9 millones. Por no ser ciudadano estadounidense, Pino-Copete podría además ser deportado una vez cumpla la condena que se le imponga.
