El mandatario local resumió su posición en una frase directa frente a la decisión judicial:
"No estoy de acuerdo con que cumpla medida de aseguramiento en la casa", afirmó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
El juzgado 27 penal de Medellín determinó que Miguel Quintero debe permanecer bajo detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial en su contra, en lugar de ordenar su reclusión en un establecimiento carcelario. Esta figura, contemplada en el Código de Procedimiento Penal colombiano, se aplica a quien enfrenta cargos cuando el juez considera que no representa un riesgo suficiente para la sociedad o que existen razones de orden personal o procesal que la justifican.
La investigación contra Miguel Quintero se enmarca en el proceso que la Fiscalía General de la Nación adelanta por presuntas irregularidades relacionadas con contratos y decisiones vinculadas al AMVA, entidad que coordina políticas de movilidad, medioambiente y planeación entre Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, creada en 1980 como la primera entidad de este tipo en el país, agrupa a diez municipios y maneja recursos destinados a proyectos de transporte, control ambiental y ordenamiento territorial.
Gutiérrez, quien llegó a la alcaldía de Medellín tras una contienda marcada por el contraste con la administración de Daniel Quintero, manifestó su desacuerdo con la decisión judicial sin cuestionar directamente la competencia del juez ni anunciar acciones formales frente al fallo. El contraste con su antecesor ha marcado buena parte de su discurso público, como quedó en evidencia cuando Petro respondió a la "estúpida receta" del vicepresidente Restrepo en otro episodio de tensión política regional y nacional.
La medida de aseguramiento domiciliaria ha sido materia de debate recurrente en Colombia en procesos por presunta corrupción. El Código de Procedimiento Penal permite al juez de control de garantías optar por la detención en el domicilio cuando valora el arraigo del procesado y descarta riesgo de fuga, un criterio que la opinión pública ha discutido en distintos casos de exfuncionarios de alto perfil.
Daniel Quintero, que ha enfrentado investigaciones de la Procuraduría General de la Nación durante y después de su gestión al frente de la alcaldía de Medellín, no figura mencionado en las declaraciones recientes sobre el proceso contra su hermano. El expediente judicial contra Miguel Quintero continúa su curso ante el juzgado 27 penal.
