El documento, dirigido a los organismos de control del Estado, enumera hechos que, de confirmarse, configurarían lo que sus autores describen como «concentración del poder operativo» y «posible captura institucional de la planta de personal» en una entidad que maneja la política exterior del país y una amplia red de embajadas y consulados en el exterior. Fuentes consultadas al interior de la Cancillería respaldaron ante el medio que conoció el escrito varias de las quejas que allí se relatan.
Según el documento, Salguero se habría convertido en una «pieza de confianza» y «ficha estratégica» del entonces canciller Luis Gilberto Murillo, con cuya administración habría llegado a la Cancillería para luego ascender durante gobiernos posteriores. La denuncia pide establecer si su designación al frente de Talento Humano buscaba preservar cuotas burocráticas vinculadas a esa etapa y favorecer la permanencia de determinados círculos políticos dentro del ministerio.
Una dirección señalada como centro de nombramientos
La Dirección de Talento Humano de un ministerio colombiano tiene bajo su cargo decisiones sensibles: nombramientos, traslados, reubicaciones y evaluación de la planta de personal, tanto de funcionarios de carrera como de contratistas. El escrito sostiene que esa función se habría usado para conformar, en palabras de los denunciantes, un «círculo de confianza personal», con movimientos de funcionarios que ahora se pide que las autoridades revisen.
La denuncia también menciona a dos personas cuya permanencia se pide evaluar bajo la hipótesis de cuotas burocráticas. Una de ellas es Angie Paola Valderrama, cuyo nombre había estado envuelto en una polémica al señalársele como estilista personal de la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, señalamiento que en su momento resultó falso. El documento no reactiva esa acusación, pero sí pide revisar la trazabilidad de su vinculación, los cargos ocupados y las decisiones que explican su continuidad en el ministerio.
De acuerdo con el escrito, Valderrama habría ocupado una posición de alta confianza durante la gestión de Villavicencio y, con la llegada del gobierno de Abelardo De La Espriella, habría sido reubicada por Salguero en el Grupo Interno de Trabajo de Refugio. Los denunciantes piden determinar si ese traslado obedeció a una necesidad real del servicio o si buscó reducir su exposición pública para mantenerla dentro de la entidad.
Otro punto central es la salida de Jaime Fernando Buchely Moreno, funcionario que había permanecido en el cargo de director de Talento Humano durante varias administraciones y que, según el documento, habría sido desplazado por decisión de Salguero. El texto subraya que el cargo que terminó ocupando la propia Salguero es, precisamente, el que antes estaba en cabeza de Buchely, dato que los denunciantes consideran relevante para entender la disputa por el control de esa dirección.
El escrito describe además los traslados de personal como un presunto mecanismo de retaliación laboral contra funcionarios que no se ajustaban a los intereses de ese círculo, y pide que la Procuraduría, como órgano disciplinario, y la Fiscalía, en el plano penal, examinen si esos movimientos vulneraron el régimen de carrera administrativa. La denuncia se extiende también a los nombramientos realizados en las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro en varias embajadas y consulados, en los que Salguero habría tenido incidencia, un extremo que involucraría el manejo de la carrera diplomática y consular del país.
El marco legal y los antecedentes del clientelismo
La Constitución y la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público y la carrera administrativa en Colombia, establecen que traslados, encargos y nombramientos en entidades como la Cancillería deben responder a criterios de mérito y necesidad del servicio, no a afinidades políticas o personales. Cuando existen indicios de uso indebido de esas figuras, corresponde a la Procuraduría adelantar la investigación disciplinaria, mientras la Fiscalía evalúa si hay lugar a imputaciones penales por delitos como el tráfico de influencias o el peculado, en caso de que se acredite manejo indebido de nóminas o contratos.
El reparto de cargos públicos como cuotas políticas no es un fenómeno nuevo en la administración colombiana. Desde los gobiernos de coalición del Frente Nacional, a mediados del siglo XX, distintas administraciones enfrentaron señalamientos similares en ministerios y entidades descentralizadas, lo que derivó en la creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil como organismo autónomo encargado de vigilar el ingreso y la permanencia en la carrera administrativa. Las denuncias de captura de dependencias de talento humano, sin embargo, siguen siendo recurrentes en distintas entidades del Estado.
Hasta el momento no se ha conocido una respuesta pública de Salguero frente a los señalamientos, ni un pronunciamiento oficial de la Cancillería sobre el trámite que se dará a la denuncia. La Oficina de Control Interno del ministerio, uno de los destinatarios del escrito, tiene la facultad de adelantar una indagación preliminar independiente de la que abran los organismos externos de control.
La Procuraduría y la Contraloría deberán decidir en las próximas semanas si abren indagación previa con base en los hechos relatados, un trámite que en Colombia puede tardar meses antes de derivar en pliego de cargos o en el archivo del expediente. La Fiscalía, de considerar que existen elementos suficientes, podría asignar el caso a la unidad especializada en delitos contra la administración pública.
El desenlace dependerá, en buena medida, de la capacidad de los organismos de control para acceder a los actos administrativos de nombramiento y traslado mencionados en el documento y contrastarlos con la evolución de la planta de personal de la Cancillería en los últimos años. Mientras eso ocurre, el caso se suma a los episodios que ponen bajo escrutinio la gestión del talento humano en una de las carteras con mayor proyección internacional del Estado colombiano.
